Transcripción:

Vanessa Torres: América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo. Pero es bien interesante el hecho que los puntos más biodiversos de América Latina y el Caribe, son los puntos mayoritariamente abandonados por las instituciones de los diferentes Estados. 

Eliezer Budasoff: Ella es Vanessa Torres. Es abogada ambientalista, colombiana, y dirige una organización que trabaja con comunidades de todo el país para ayudarlas a defender sus territorios y a que tengan voz en las decisiones que los afectan. Se llama Ambiente y Sociedad. 

Vanessa: Entonces, eso ha llevado, efectivamente, a que quienes habitan en estos territorios generen dinámicas de protección tanto de su territorio como de su propia vida.

Archivo de audio, France 24 Español: Colombia.

Archivo de audio, France 24 Español: México.

Archivo de audio, SBS Audio: Guatemala.

Archivo de audio, Jornal Da Tarde: Brasil.

Archivo de audio, AFP: Honduras.

Archivo de audio, France 24 Español, Presentadora: América Latina es la región más mortífera del mundo para los defensores de la tierra.

Archivo de audio, France 24 Español, Presentadora: A medida que empeora la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes defienden al planeta.

Archivo de audio, RTVE Noticias, Manuela Bedoya: Vienen amenazas de un lado o del otro.

Archivo de audio, SBS Audio, Presentador: Intereses económicos, crimen organizado, colusión estatal y falta de voluntad política. 

Archivo de audio, France 24 Español, Presentador: La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques.

Archivo de audio, France 24 Español, Francia Márquez: Y cuando nosotros confrontamos ese modelo que está destruyendo el medio ambiente, pues nos convertimos en objetivo militar.

Archivo de audio, France 24 Español, Laura Furones: Tenemos un enorme problema con la impunidad. Y el mensaje que se manda aquí es muy claro y es que matar a una persona defensora, sale muy barato.

Eliezer: Bienvenidos a El hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Eliezer Budasoff. 

En 2025, la organización Global Witness documentó 124 asesinatos o desapariciones de larga duración de personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. El 85% de esos casos ocurrieron en América Latina. Y esto no es algo nuevo: desde 2012, cuando se empezaron a publicar estos informes, nuestra región ha sido, año tras año, la más peligrosa para quienes defienden el ambiente. 

Brenda Guillén: A veces está esa desconexión. Parece que alguien que está defendiendo el río, lejos de lo urbano y de la ciudad, está defendiendo su río. Algo que le afecta a ellas y ellos. 

Eliezer: Brenda Guillén es coordinadora general de UDEFEGUA, una organización que protege a defensores de derechos humanos en Guatemala.

Brenda: Y no vemos esa conexión entre cómo llega el agua a tu casa, cómo te alimentas todos los días con las verduras, es decir, tú, eso, parece que en generación espontánea te llega.

Eliezer: Esa desconexión es justamente una de las cosas que queremos enfocar en este episodio. Porque cuando hablamos de defensa ambiental hay gente que todavía piensa en la conservación de un río, un bosque o una especie. Pero detrás de estas luchas hay algo mucho más grande: una forma de vida, una relación con la tierra, una comunidad y la posibilidad de construir un futuro que no solo los involucra a ellos.

En América Latina, muchas de estas comunidades son hoy la primera línea de una batalla por los recursos que se decide muy lejos de ahí, en las ciudades, en oficinas de gobierno, en un congreso, en una empresa. Las consecuencias de las decisiones sobre minería, agricultura, infraestructura o energía pueden tardar un tiempo en hacerse evidentes para nosotros, pero en los márgenes geográficos, los efectos son más rápidos y directos. Y se vuelven un asunto de supervivencia.   

Queremos entender qué significa realmente defender un territorio en 2026, a qué tipo de actores e intereses se enfrentan, cómo han cambiado las estrategias para perseguir y quebrar la resistencia, pero también las formas de protección que han ido construyendo algunas de estas comunidades con el tiempo. 

Para eso hablamos con Brenda y Vanessa. Colombia, donde trabaja Vanessa, es el país con mayor cantidad de asesinatos de defensores del ambiente y el territorio por cuarto año consecutivo. Brenda trabaja en Guatemala, un país que durante años experimentó uno de los deterioros más pronunciados de la situación para quienes protegen sus territorios.

Vanessa: Detrás de las cifras hay vidas, hay familias, hay núcleos que se rompen, hay historias que se terminan de manera inmediata y hay procesos de lucha y de protección que también se rompen. Y al mismo tiempo se rompe la esperanza y la vida en nuestra región.

Eliezer: Las experiencias de Brenda y Vanessa nos permiten mirar más de cerca las realidades que no alcanzamos a ver desde lejos a través de las cifras. 

Es 2 de octubre de 2026. 

Eliezer: En los últimos años hemos empezado a escuchar cada vez más sobre sobre defensores y defensoras ambientales, y simultáneamente hemos visto cada vez más discursos de odio, campañas para atacar  gente que simplemente está, o defendiendo derechos, o defendiendo sus territorios. Nos gustaría entender cuánto y cómo ha cambiado el escenario en los territorios en estos últimos años y el tipo de conflictos y actores a los que se enfrentan hoy los defensores. Por supuesto que esto es amplísimo y tiene un montón de matices, pero por eso queremos ver si podemos ir desde el contexto más amplio hasta los ejemplos que puedan ilustrar mejor la situación, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que hay una aceleración y una multiplicación de los conflictos en la región y queríamos saber si ustedes coinciden con esta percepción y si ven patrones identificables, o un momento de quiebre, o factores comunes en estos procesos en América Latina. ¿Qué cambió en estos años?

Vanessa: Efectivamente, yo creo que es un escenario que se ha transformado. 

Eliezer: Están escuchando a Vanessa. 

Vanessa: Hace 10 años, yo diría que es un escenario de 10 años y me voy más allá de Colombia, me voy al escenario de América Latina y el Caribe en general. Lo que evidenciamos es un incremento en la profesionalización de estos grupos ilegales que están presentes en territorios biodiversos. Ya hablamos incluso de una criminalidad trasnacional, que por supuesto, implica unos desafíos directos para los Estados, porque no tienen control directo sobre las actuaciones de estos grupos ilegales. Adicional a esto, son grupos ilegales que cuentan con grandes presupuestos provenientes, obviamente, del narcotráfico, y provenientes de la explotación ilegal de minerales. Gran parte, por ejemplo, de la región amazónica, está siendo afectada por la extracción de minería ilegal, que además utiliza el mercurio, que genera un daño absoluto sobre el agua, sobre la tierra y genera suelos básicamente infértiles. Esa generación de riqueza de manera ilegal desde estos dos escenarios, pues obviamente le genera estos recursos infinitos a estos grupos ilegales para adquirir tecnología, para mantener un control territorial y para tener un contacto de manera directa con estas personas que habitan estos territorios. Entonces, aquí es donde viene un poco el choque de estos dos mundos. Estos grupos ilegales lo que hacen es cooptar a estas personas que habitan estos territorios a través de diferentes estrategias, obviamente a través de la violencia. Entonces es básicamente: yo llego, controlo tu territorio. ¿Por qué? Porque el Estado no está presente de ninguna manera y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Ese es un escenario. El otro escenario, que es mucho más preocupante y que entra un poco dentro de este marco amplio y vamos a lo a lo concreto, es la cooptación. 

Eliezer: O sea: conseguir que las personas de un territorio terminen apoyando, colaborando o dejando de oponerse a los intereses de un grupo, sin tener que recurrir a la fuerza, sino a través de ofertas de trabajo, de recursos o de ayuda para la comunidad.

Vanessa: Y esa cooptación, nosotros la evidenciamos de manera directa en Colombia. Desde Ambiente y Sociedad nosotros trabajamos con guardias indígenas. Las guardias indígenas de hecho, son un mecanismo de autoprotección de los pueblos étnicos, dado que no hay presencia del Estado, entonces ellos generan su propia guardia, que ─es importante mencionar─ en Colombia no están armados, ellos solo están armados con su bastón de mando, que es un símbolo de autoridad, es lo único que ellos tienen para defenderse. Eso y la palabra, básicamente. Entonces, estos guardias indígenas mayoritariamente son personas muy jóvenes, hombres y mujeres, y tienen un riesgo alto de ser cooptados por estos grupos ilegales, porque lo que nos enfrentamos ahora son que estos grupos ilegales te ofrecen dinero. Entonces yo te entrego un sueldo y además te entrego una motosierra para que tales bosques. Esos son los escenarios a los que nos enfrentamos, lo que sin lugar a dudas implica un reto muy grande para quienes trabajamos por la protección de los derechos humanos y acompañamos a estas comunidades. Y el reto va directamente conectado con no solamente podemos llegar a estos territorios a decirles “es que tú tienes que cuidar el bosque, es que tú tienes que garantizar que el agua”… No, p sea lo que toca, es llegar con alternativas de bueno, y cómo yo, joven indígena, puedo habitar este territorio de manera digna. Y para vivir dignamente, ¿qué necesitas? Ingresos. Necesitas poder comer bien, necesitas poder educarte. Y ese es un poco el escenario al que nos estamos enfrentando desde quienes trabajamos en los territorios. 

Entonces, hemos estado acostumbrados en nuestra región a que las organizaciones, la sociedad civil, se termina haciendo cargo de un montón de cosas dentro de territorios abandonados históricamente por el Estado. Pero esto ya no es suficiente. O sea, aquí estamos luchando contra un monstruo de cinco cabezas, básicamente, que es el que yo te acabo de explicar. Y aquí necesitamos, todos y todas, organizarnos en función no de la estigmatización con quienes están habitando estos territorios, sino en función de garantizarles sus derechos para que estas personas sigan protegiendo el bosque, sigan protegiendo escenarios de sostenibilidad de nuestro planeta, pero con dignidad. 

Eliezer: Muchas de las personas que defienden estos territorios dependen directamente de ellos para vivir. De ahí salen sus alimentos, sus cultivos, el agua y otros recursos vitales. Pero en una enorme cantidad de casos ni siquiera tienen asegurada la propiedad o el reconocimiento legal de esas tierras.

Esto también ayuda a entender quiénes están más expuestos. La mayoría de las personas asesinadas en 2025 eran campesinas, indígenas o afrodescendientes. En Colombia, por ejemplo, hubo 39 asesinatos de defensores en 2025. Casi la mitad de las víctimas eran indígenas y otras tantas campesinas. La mayoría de las muertes estaban relacionadas con conflictos por la tierra.

En Honduras se registró algo similar. Diez de las 12 personas asesinadas en 2025 murieron en el departamento de Colón, en la costa caribeña, una zona marcada desde hace décadas por un conflicto por la tierra, y donde empresas llevan años tratando de instalar plantaciones de palma africana. La mayoría de las víctimas eran campesinos. Global Witness identificó posibles vínculos con el crimen organizado en todos estos asesinatos y en ocho de ellos, con intereses empresariales. El conflicto lleva décadas y cientos de muertes, pero el Estado todavía no ha resuelto la situación jurídica de las tierras en disputa.

Brenda: Bueno, en Guatemala creo que hay varios factores que están operando. 

Eliezer: Ahora escuchan a Brenda. Cada año, en su organización analizan los patrones de ataque hacia los defensores. 

Brenda: Desde el 2020 en que entra la pandemia hay una modificación del patrón. Lo que antes nosotros veíamos que se ejercía en un plano físico, esta vez está siendo ejercido desde lo digital y eso tiene otras implicaciones. En el 2025 nosotros documentamos un total de 5.238 agresiones y el 95% de esas agresiones se produjeron en el ámbito digital. Lo que antes lograban los actores con una amenaza telefónica directa, hoy está siendo sustituido por la creación de perfiles noticiosos en internet, en donde se dedican, primero, a emitir noticias que son verdaderas para captar la audiencia; para luego empezar a emitir actos de difamación en contra de personas defensoras de derechos humanos. 

En lo comunitario, en el interior opera mucho el tener canales de televisión asociados al poder municipal. Y generalmente el poder municipal va asociado a otros actores que tienen intereses como empresas, fincas, megaproyectos o bien actores del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, antes lo que tú tenías en tu teléfono, ahora no solo lo tienes en una noticia de tu teléfono, sino también lo tienes en una noticia del canal de tu territorio.

Eliezer: En distintos países de América Latina, el sistema de justicia también se ha convertido en una herramienta de presión contra gente que defiende sus territorios. En Guatemala, este problema es especialmente delicado.

Brenda: En Guatemala, lo que opera es que tú tienes la captura de un sistema de justicia. Entonces, si no hay un Ministerio Público que esté investigando y no hay una Corte Suprema de Justicia que esté penalizando el acto, pues tú legitimas a los actores para seguir atacando en el interior. Y lamentablemente, en Guatemala los ataques pueden provenir de distintos frentes. Es decir, desde el 2019 nosotros tenemos una Fiscalía especializada del Ministerio Público, que es la Fiscalía en contra de la Usurpación.

Eliezer: Esa fiscalía se dedica a investigar los conflictos relacionados con la ocupación y la posesión de tierras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado una práctica sostenida de las autoridades, que es llevar a dirigentes comunitarios ante la justicia por cargos de usurpación. Y señala especialmente el papel que ha tenido esta fiscalía en esos procesos.

Un conflicto territorial puede convertirse en una persecución judicial de varias maneras. Vanessa nos contó de un caso colombiano bien conocido. 

Vanessa: Que es el de los 11 de Jericó, 11 campesinos y campesinas que luchan en contra de una minera en el departamento de Antioquia y para frenar esa lucha ─porque son personas que son muy escuchadas, muy respetadas en su territorio─, los judicializan. 

Archivo de audio, El Espectador, Presentadora:  Los 11 campesinos que fueron denunciados por la multinacional AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia, están acusados por la Fiscalía de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Vanessa: Entonces van ocho demandas, 10 procesos penales, sobre los cuales ¿quién está detrás? Por supuesto una empresa. Generalmente son empresas. Y aquí también, obviamente no podemos dejar de reconocer el papel del sector privado. Por supuesto que yo no voy a entrar a criminalizar a todo el sector privado. Hay partes que tienen muy buenas prácticas, pero sí es un llamado particularmente para la industria extractiva, particularmente industria minera e industria petrolera. Y es mencionar que el escenario de la judicialización tiene que ser tomado con mucho cuidado. Porque obviamente son personas que asumen roles de liderazgo y que se enfrentan directamente con una maquinaria empresarial que es imposible luchar contra ella. Entonces, esos escenarios de judicialización generalmente van con cargos, por ejemplo, de terrorismo. Son cargos muy complejos de resolver ante una justicia, criminalizando y callando las voces de personas que lo único que querían era defender su territorio, básicamente. Entonces, esa figura es muy utilizada. Ese caso que te doy yo es un ejemplo, pero eso es amplio a nivel de toda nuestra región. También el caso de la criminalización va muy acompañado de la judicialización pero claro, la criminalización va más hacia el desprestigio. Y esto va muy articulado con el rompimiento del escenario comunitario y el escenario social. Entonces, son actores legales o ilegales que entran a dividir la comunidad y a decir “pero vea que su líder tiene otros intereses, tiene una agenda personal”, sacan mentiras sobre esta persona y entra en un escenario de criminalización y ataque que lo que generalmente causa es que esta persona tenga que abandonar su territorio.

Eliezer: Las campañas de desinformación y las acusaciones, como explicaba antes Brenda, pueden ser el comienzo. Después vienen la criminalización, las amenazas y los procesos judiciales. El objetivo suele ser el mismo: desacreditar a quien lidera, dividir a la comunidad y hacer que defender el territorio sea cada vez más difícil. Una pausa y volvemos.

Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo. 

Eliezer: ¿Existe también un cambio en las formas de presión y de amedrentamiento, de amenaza? ¿O lo más claro es justo esto, el recrudecimiento de la violencia y el descaro con el que atacan a los defensores ambientales?

Brenda: Pues, lastimosamente son las dos. Es decir, los agresores no abandonan algunas prácticas, sino que se van perfeccionando, lamentablemente. Y entonces tú tienes, obviamente, lo que te impacta, que son los asesinatos, porque es la vida de las personas, pero hay muchas agresiones que van mermando también en la calidad y en la dignidad de vida de las personas. Nosotros acompañamos comunidades en donde todos los hombres tienen una orden de captura en la comunidad, a raíz de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Que si tú eres un hombre que es proveedor de la familia, te imposibilita salir a trabajar y buscar algún medio para subsistir, porque en tu movilización corres el riesgo que te detenga la policía y que vayas a ir preso. Hay otras comunidades donde los casos son peores, porque tanto el hombre como la mujer de la familia tienen órdenes de captura. Pero también en el caso de las mujeres, aquí hay prácticas que están asociadas a las mujeres en las comunidades, en donde las mujeres van y recogen agua de los ríos para su subsistencia, porque no tienen acceso al agua potable. Y las formas de ataque por parte de la seguridad de las empresas o de las fincas es empezar a disparar cuando las mujeres van al río, es cercarles el paso. Entonces, no solo es el asesinato, sino todas estas agresiones que van mermando tu calidad de vida y que te van aislando, básicamente. Y ni siquiera hablar de cuando te enfermas. Si tú tienes una orden de captura, pues tienes pocas posibilidades de pagar un médico que llegue hasta tu comunidad, sino te tienes que desplazar hacia un hospital público o demás, pero corres el riesgo de ser aprehendido en el trayecto o incluso en el hospital al que vayas. Entonces, muchas de las personas van agravándose e incluso hay unos que mueren. Y pues, se cuentan los asesinatos como tal, pero estas muertes que se van provocando por todas estas acciones también es un producto de agresión por la defensa de los derechos humanos.

Eliezer: La violencia contra quienes defienden un territorio, como cuenta Brenda, no empieza ni termina con un asesinato. Puede ir cerrando gradualmente las posibilidades de hacer una vida normal hasta que llegue un punto de quiebre. Hay un caso que se convirtió en un símbolo de ese proceso: el de Berta Cáceres, la líder indígena lenca de Honduras, que llevaba años enfrentándose a un proyecto hidroeléctrico para defender el río Gualcarque. Bertha había recibido amenazas y había sido criminalizada. En 2016 fue asesinada en su casa. Años después, un tribunal hondureño determinó que ejecutivos de la empresa que estaba detrás del proyecto habían ordenado su asesinato.

Archivo de audio, France 24 Español, Presentadora:  El 2 de marzo de 2016, un grupo de sicarios entró a la casa de Berta y la mató a tiros. La justicia hondureña ha establecido hasta ahora que Roberto David Castillo, el entonces presidente ejecutivo de DESA, y Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental de la compañía, le pagaron al exmilitar y exjefe de seguridad de la empresa, Douglas Bustillo, para que coordinara el asesinato de Berta con otros tres antiguos miembros del ejército.

Eliezer: El caso de Berta sirve también para poner a la luz otra dimensión de estas luchas. Porque una mujer que defiende su territorio tiene responsabilidades que exceden la protección de un río, un bosque o una tierra. También está sosteniendo la organización de su comunidad, los cuidados y distintos aspectos de la vida cotidiana. Eso cambia, también, las formas en que puede ser atacada.

Brenda: El rol de la mujer es fundamental en las comunidades indígenas. Es quien se encarga de pasar de generación en generación toda la identidad, toda la cosmovisión. Es decir, hay una carga muy, muy grande y una responsabilidad muy grande en las mujeres. Y cuando son las mujeres quienes están defendiendo el tema de la vida, de los bienes naturales y de los territorios, enfrentan agresiones distintas. Nosotros lo hemos registrado. Casi siempre los discursos hacia las mujeres van en intentar que ese papel político de la mujer cese, regrese a lo que el machismo cree que es el papel de la mujer y es regresar a la casa. Y lo hace a través de acusaciones como, claro, las mujeres cuando participamos en ciertos sectores, lo único que vamos a buscar es un marido, es un amante, es una pareja. Las campañas de difamación de las mujeres en redes sociales tienen que ver con su sexualidad, con su identidad. Van en la mira de atacar, no solo a la defensora, sino a su círculo más cercano, porque la mayoría de veces las mujeres tenemos a nuestro cargo personas, ya sea hijos, hijas, papá, abuelos y demás. Entonces es sobre esa red más cercana en donde las agresiones también se focalizan. 

Acompañamos un caso de una defensora de un río. Siempre estaba asediada por agresiones, pero cuando la agresión sobrepasó a sus hijos y sus hijos en la escuela empezaron a sufrir bullying, porque les enseñaban las campañas en donde aparecía el rostro de la madre con un cuerpo desnudo o actos de difamación entonces ahí sí dijo “no, yo no quiero continuar más”.

Vanessa: Esto sí implica un escenario distinto al de un rol masculino en los roles de liderazgo. Implica que las mujeres deben tener un reconocimiento especial dentro de estas luchas, pero por supuesto, no implica que las mujeres deben ser relegadas, todo lo contrario, las mujeres deben mantener estos roles de liderazgo. Evidenciar el rol de la mujer como líder transforma completamente una discusión en un territorio, adquiere un escenario de sensibilidad, adquiere un escenario de conexión con las nuevas generaciones que creo yo, que amplía el mensaje y genera un impacto positivo mucho más amplio dentro de una lucha. Yo también creo fuertemente que uno tiene que tratar de transformar las narrativas en el marco de estas realidades tan complejas. Y algo que podría contarles es que también se ha visto un fenómeno de incremento en el rol femenino de estos procesos de liderazgo. Yo diría que esto es positivo. Desde que yo empecé a trabajar en el mundo ambiental y de los derechos humanos, era muy diciente el rol masculino, particularmente en escenarios de pueblos étnicos. La mujer siempre estaba relegada. Relegada a un rol de cuidado de los hijos, o de, por ejemplo, la cocina, que no es un tema menor dentro de un contexto étnico. De hecho tiene muchísima importancia. Pero no participaba en los roles de liderazgo y de toma de decisión. Y creo que en esto las organizaciones de sociedad civil tenemos mucho que ver, porque por supuesto nosotros hemos llevado un escenario de, bueno, las mujeres también deben participar, deben indicar cuáles son sus realidades, desde lo que tú mencionas, porque ser una mujer que defiende un territorio tiene particularidades.

Eliezer: Una parte importante del trabajo que hacen ustedes es acompañar a las comunidades para que puedan conocer sus derechos, participar en las decisiones que afectan sus territorios y tener herramientas para defenderse. Es una pregunta muy básica, pero habitualmente, los que vivimos en las ciudades no tenemos que hacérnosla y es: ¿qué cambia para una comunidad cuando conoce o adquiere derechos?

Vanessa: El trabajo de una organización como la mía, que acompaña, esa palabra me parece muy bonita y muy apropiada para este ejercicio, acompañar el proceso de defensa. ¿Qué implica acompañar un proceso de defensa? Desde nuestra perspectiva, lo más importante es que las comunidades entiendan el uso del derecho, el uso de sus derechos para garantizar su forma de vida. Entonces es el reconocimiento de una forma de vida desde la protección del territorio, desde la habitabilidad con el territorio y usar cualquier marco normativo legal para que esto sea posible. Claro, esto que yo te estoy diciendo, hace 12, 13 años que yo empecé en este ejercicio, era muy común que tú tuvieras que partir desde cero para explicarle a las comunidades qué era el derecho fundamental al agua, cuál es una línea jurisprudencial de hecho de sentencias donde a ti te dicen que ese derecho es tuyo y que nadie te lo puede quitar. Pero esto cambió. Yo me siento muy feliz de decir esto, porque lo que he podido evidenciar es que muchos liderazgos lo que han hecho es estudiar, entonces, formarse. Tú ya encuentras en, por ejemplo, en escenarios colectivos de pueblos étnicos, líderes que son abogados, líderes que son antropólogos, que son sociólogos y claro, el nivel de discusión se da desde lo tradicional, por supuesto, desde su conocimiento, digamos, desde la base, desde la raíz, desde la palabra de los abuelos, pero se cruza con el escenario jurídico y es muy interesante ese escenario. Y esto refleja la importancia del derecho a la educación. Trabajar en esto de transmitir conocimiento implica que tú también debes estar abierta a recibir conocimiento. Yo siempre digo eso, yo aprendo más de lo que enseño. ¿Con qué llego yo? Pues con una serie de derechos, una Constitución. Llego con conocimiento sobre un tratado internacional que es el primero que reconoce la obligación de proteger a las personas defensoras en el mundo, que es el Acuerdo de Escazú. Tuve la oportunidad de participar en el proceso de negociación de este tratado. Por esto creo en él y creo en esta lucha. ¿Pero qué recibo? Recibo demasiadas cosas siempre que estoy con estas personas. Recibo el entendimiento de lo sagrado que es el vínculo con el agua, por ejemplo. De la importancia que es cuidar los bosques y que el trato en los bosques tiene un proceso y tiene un ciclo natural que implica quemas controladas, que no implican la deforestación, sino que implican su cuidado, que implica el cuidado de las especies y entenderlas como sagradas, como es el caso del jaguar en la región amazónica, en donde ellos verifican cada paso que encuentran del jaguar para entender su lugar y por donde él cruza, para evitar cruzar por ahí o que otras personas crucen por ahí para hacerle daño. Es de algunas cosas que te puedo contar que yo he aprendido. Pero entonces, ese escenario es el que yo quisiera rescatar y es el primer paso para acompañar una comunidad, es garantizar que ellos tengan todo el conocimiento necesario para entender sus derechos y que puedan apropiarse de ellos. Y que puedan incorporarlos dentro de su plan de vida, como por ejemplo le dicen los pueblos indígenas en la Amazonía. Y eso lleva a un segundo lugar que es bueno, no nos respetaron nuestros derechos. Entonces tenemos que pensar en una acción legal, tenemos que pensar en un litigio, pero en un litigio que sea estratégico, que no desgaste a la comunidad, que no gastemos un montón de recursos humanos, de tiempo, de dinero ,que no hay mucho además. Llegar a un escenario de litigio implica muchas variables, pero también hemos tenido muchas victorias. Empresas que se han retirado porque se han dado cuenta que el proyecto es absolutamente inviable porque impacta directamente un territorio colectivo. En Colombia los pueblos indígenas tienen derechos colectivos sobre su territorio, cosa que no pasa en ningún otro país de América Latina, eso es importante mencionarlo. Por supuesto, esto se conecta con el acuerdo de Escazú.

Eliezer: El acuerdo, que entró en vigencia en 2021, busca garantizar cosas básicas como el acceso a la información, la participación en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia. También establece medidas específicas para proteger a las personas defensoras. Hasta ahora, 19 países de América Latina y el Caribe lo han ratificado. Pero que exista un acuerdo, no significa que sus medidas ya estén funcionando. Los Estados todavía tienen que convertir esos compromisos en políticas y acciones concretas. 

Vanessa: Este tratado, hoy, tiene un valor muy importante. Más con estas cifras que conversamos sobre el caso de Global Witness. Y es tener el primer tratado que reconoce la obligación de proteger a las personas defensoras en nuestra región. Es algo que no debemos desconocer y es un tratado, el Acuerdo de Escazú vive y existe, gracias a que la ciudadanía es la que impulsa su implementación. Entonces no podemos dejar de hablar de él. 

Hacer presencia en un territorio abandonado históricamente por el Estado no es llevar militares. Hacer presencia en un territorio abandonado por el Estado implica conocer a la gente que lo habita, entender su forma de habitabilidad de este territorio y sensibilizarnos con quiénes son. Detrás de las cifras de los informes de Global Witness hay vidas, hay familias, hay núcleos que se rompen, hay historias que se terminan de manera inmediata y hay procesos de lucha y de protección que también se rompen. Y al mismo tiempo se rompe la esperanza y la vida en nuestra región. Entonces, por favor, no nos olvidemos de esto. Si vamos a pedir seguridad, asegurémonos que sea una seguridad para todos y para todas. Y cómo queremos que esa seguridad garantice vida digna para todos los que habitamos nuestros territorios.

Eliezer: Una última pausa y volvemos. 

Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo. 

Las comunidades no solo son atacadas de distintas maneras, como contamos hasta ahora, y no solo reaccionan o se resisten. También han creado formas de proteger sus territorios. Patrullajes, sistemas de alerta, monitoreo y otras estrategias de organización que se han convertido en parte de su vida cotidiana.

Eso abre otra pregunta. No solo cómo cuidar a quienes defienden estos territorios, sino también qué podemos aprender de ellos, de su conocimiento, de las formas en que los han protegido durante generaciones.

Vanessa: A ver, a nivel internacional estamos teniendo discusiones técnicas sobre cómo luchar contra el cambio climático. Es interesante que quienes discutan estas decisiones en el escenario internacional sean científicos, que son muy bienvenidos. No quiero, por supuesto, desmeritar el rol de la ciencia en todo esto. Sean abogados. Soy abogada, por supuesto defenderé mi profesión siempre. Pero relegamos a un tercer y cuarto plano a quienes están habitando esos territorios y generando las soluciones para continuar habitando este planeta de manera adecuada. Es muy contradictoria esta discusión. ¿Y por qué lo menciono? El Acuerdo de París, particularmente, no tiene un foco en las personas defensoras. No estaríamos hablando acá de territorios biodiversos en África, en Asia, en América Latina, básicamente en el sur global, si estas personas, pueblos étnicos, campesinado, quilombolos, etcétera, no estuvieran habitando estos territorios y protegiéndolos hace cientos de años. Entonces, démosle su rol protagónico para que ellos nos enseñen a nosotros cuáles son las maneras en que ha logrado sostenerse sobre esta forma y habitabilidad del territorio que es compleja. Llegar a trabajar con una comunidad y con un territorio, y entender un territorio, implica abrir tu mente a otros tipos de conocimiento. Y este, de hecho, para mí es un mensaje para quienes habitan las ciudades, que somos generalmente quienes escuchamos este tipo de programas, podcast y demás. Y es, recordemos que el agua que nos tomamos todos los días tiene todo un proceso muy complejo y que detrás de ese proceso hay muchas personas que están garantizando ese derecho y que lo garantizan, a veces, sin siquiera saberlo. Entonces, ese indígena que está en el río y que lo limpia y que le quita todos los días el plástico que llega al borde del río porque “no entiendo esto, porque está pasando, pero yo lo tengo que limpiar y cuidar”, es la persona que garantiza que esa agua termine llegando a la puerta de mi casa. Entonces, no demos por hecho todos estos derechos que hemos tenido y que hemos adquirido con el paso de los años y las luchas. Y recordemos que detrás de esa protección hay muchas personas que están habitando y que también tienen derechos sobre esos territorios.

Daniela Cruzat: Este episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat. Lo editó Eliezer. Bruno Scelza hizo la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González.

El equipo de producción de El hilo está formado también por Jesús Delgadillo, Samantha Proaño y Franklin Villavicencio, con el arte y diseño de Diego Corzo. El resto del equipo incluye a Natalia Ramírez, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, Elsa Liliana Ulloa, Silvia Viñas y Daniel Alarcón. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki.

El hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso, te pedimos que te unas a nuestras membresías. América Latina es una región compleja y nuestro periodismo necesita de oyentes como tú. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos con una donación. 

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Gracias por escuchar.

Transcript:

The following English translation was generated with the assistance of artificial intelligence and has been reviewed and edited by our team for accuracy and clarity.

Vanessa Torres: Latin America is one of the most biodiverse regions in the world. But it’s really striking that the most biodiverse places in Latin America and the Caribbean are, for the most part, the places that state institutions have abandoned.

Eliezer Budasoff: That’s Vanessa Torres. She’s a Colombian environmental lawyer, and she runs an organization that works with communities across the country to help them defend their territories and have a say in the decisions that affect them. It’s called Ambiente y Sociedad.

Vanessa: And that has led the people who live in these territories to develop their own ways of protecting both their land and their own lives.

Archival audio, France 24 Español: Colombia.

Archival audio, France 24 Español: Mexico.

Archival audio, SBS Audio: Guatemala.

Archival audio, Jornal Da Tarde: Brazil.

Archival audio, AFP: Honduras.

Archival audio, France 24 Español, Anchor: Latin America is the deadliest region in the world for land defenders.

Archival audio, France 24 Español, Anchor: As the climate crisis worsens, so does the violence against those who defend the planet.

Archival audio, RTVE Noticias, Manuela Bedoya: The threats come from one side or the other.

Archival audio, SBS Audio, Anchor: Economic interests, organized crime, state collusion, and a lack of political will.

Archival audio, France 24 Español, Anchor: Agribusiness, oil, gas, and mining stand out as the main triggers of the attacks.

Archival audio, France 24 Español, Francia Márquez: And when we confront this model that is destroying the environment, well, we become a military target.

Archival audio, France 24 Español, Laura Furones: We have an enormous problem with impunity. And the message being sent here is very clear: killing a defender comes very cheap.

Eliezer: Welcome to El hilo, a podcast from Radio Ambulante Studios. I’m Eliezer Budasoff.

In 2025, the organization Global Witness documented 124 killings or long-term disappearances of land and environmental defenders around the world. Eighty-five percent of those cases took place in Latin America. And this is nothing new: since 2012, when these reports were first published, our region has been, year after year, the most dangerous place for people who defend the environment.

Brenda Guillén: Sometimes there’s this disconnect. It seems like someone who’s defending a river, far from urban areas and the city, is defending their own river. Something that only affects them.

Eliezer: Brenda Guillén is the general coordinator of UDEFEGUA, an organization that protects human rights defenders in Guatemala.

Brenda: And we don’t see the connection between how water gets to your house, how you feed yourself every day with vegetables. It’s as if all of that just reached you by spontaneous generation.

Eliezer: That disconnect is exactly one of the things we want to focus on in this episode. Because when we talk about environmental defense, some people still think of protecting a river, a forest, or a species. But behind these struggles there’s something much bigger: a way of life, a relationship with the land, a community, and the possibility of building a future that doesn’t only involve them.

In Latin America, many of these communities are now on the front line of a battle over resources that are decided far away from them: in cities, in government offices, in a congress, in a company. The consequences of decisions about mining, agriculture, infrastructure, or energy can take a while to become visible to us, but on the geographic margins, the effects are faster and more direct. And they become a matter of survival.

We want to understand what it really means to defend a territory in 2026, what kinds of actors and interests defenders are up against, and how the strategies used to persecute them and break their resistance have changed, as well as the forms of protection that some of these communities have built over time.

To do that, we spoke with Brenda and Vanessa. Colombia, where Vanessa works, has had the highest number of killings of land and environmental defenders for the fourth year in a row. Brenda works in Guatemala, a country that for years saw one of the sharpest declines in conditions for people protecting their territories.

Vanessa: Behind the numbers there are lives, there are families, there are households that are torn apart, there are stories that end in an instant, and there are processes of struggle and protection that are broken too. And at the same time, hope and life in our region are broken.

Eliezer: Brenda’s and Vanessa’s experiences let us take a closer look at realities that we can’t see from a distance, through numbers alone.

It’s October 2, 2026.

Eliezer: In recent years, we’ve started hearing more and more about environmental defenders, and at the same time we’ve seen more and more hate speech campaigns attacking people who are simply defending rights or defending their territories. We’d like to understand how much, and how, the situation on the ground has changed in recent years, and what kinds of conflicts and actors defenders are facing today. Of course, this is a huge topic with lots of nuances, which is why we want to see if we can go from the broader context to the examples that best illustrate the situation, right? Because there’s a sense that conflicts in the region are accelerating and multiplying, and we wanted to know whether you share that perception, and whether you see identifiable patterns, a turning point, or common factors in these processes across Latin America. What has changed over these years?

Vanessa: Yes, I do think the landscape has changed.

Eliezer: You’re listening to Vanessa.

Vanessa: Ten years ago… I’d say we’re looking at a ten-year picture, and I’ll go beyond Colombia, to Latin America and the Caribbean in general. What we’ve seen is a growing professionalization of the illegal groups operating in biodiverse territories. We’re even talking about transnational crime now, which of course poses direct challenges for states, because they have no direct control over what these illegal groups do. On top of that, these illegal groups have huge budgets that come, obviously, from drug trafficking and from the illegal extraction of minerals. A large part of the Amazon region, for example, is being hit by illegal mining, which also uses mercury, causing absolute damage to the water and the land and leaving the soil basically infertile. That illegally generated wealth from these two sources obviously gives these illegal groups endless resources to acquire technology, maintain territorial control, and have direct contact with the people who live in these territories. So this is where these two worlds collide. What these illegal groups do is co-opt the people living in these territories through different strategies, obviously, through violence. So it’s basically: I show up, I control your territory. Why? Because the state isn’t present in any way, and you have to do what I tell you. That’s one scenario. The other scenario, which is much more worrying and which falls within this broader framework, and now we get to the specifics, is co-optation.

Eliezer: In other words: getting the people of a territory to end up supporting, collaborating with, or no longer opposing a group’s interests, without resorting to force, but through offers of jobs, resources, or help for the community.

Vanessa: And we see that co-optation directly in Colombia. At Ambiente y Sociedad, we work with Indigenous Guards. Indigenous Guards are actually a self-protection mechanism for ethnic peoples. Since the state isn’t present, they create their own guard, which, and this is important to mention, in Colombia is unarmed. They’re armed only with their bastón de mando, a ceremonial staff that symbolizes authority. It’s the only thing they have to defend themselves. That and their word, basically. Most members of these Indigenous Guards are very young people, men and women, and they’re at high risk of being co-opted by these illegal groups, because what we’re up against now is that these illegal groups offer you money. So: I’ll pay you a salary and I’ll also give you a chainsaw so you can cut down forests. That’s the reality we’re facing, and it’s undoubtedly a huge challenge for those of us who work to protect human rights and support these communities. And the challenge is directly connected to this: we can’t just show up in these territories and tell people, “You have to take care of the forest, you have to make sure the water…” No. What we have to do is come with alternatives. Okay, so how can I, as a young Indigenous person, live in this territory with dignity? And to live with dignity, what do you need? An income. You need to be able to eat well, you need to be able to get an education. And that’s more or less the situation those of us who work in the territories are facing.

So, in our region we’ve gotten used to organizations, civil society, ending up taking care of a whole lot of things in territories that have historically been abandoned by the state. But that’s no longer enough. I mean, we’re basically fighting a five-headed monster here, which is what I just described to you. And what we need is for all of us to organize, not around stigmatizing the people who live in these territories, but around guaranteeing their rights, so that these people can keep protecting the forest and keep protecting the conditions that make our planet sustainable, but with dignity.

Eliezer: Many of the people who defend these territories depend on them directly to live. That’s where their food, their crops, their water, and other vital resources come from. But in a huge number of cases, they don’t even have secure ownership or legal recognition of that land.

This also helps us understand who is most exposed. Most of the people killed in 2025 were campesinos, Indigenous people, or Afro-descendants. In Colombia, for example, 39 defenders were killed in 2025. Almost half of the victims were Indigenous, and nearly as many were campesinos. Most of the killings were linked to land conflicts.

Something similar happened in Honduras. Ten of the 12 people killed in 2025 died in the department of Colón, on the Caribbean coast, an area marked for decades by a conflict over land, and where companies have spent years trying to establish African oil palm plantations. Most of the victims were campesinos. Global Witness identified possible links to organized crime in all of these killings and, in eight of them, links to business interests. The conflict has lasted decades and claimed hundreds of lives, but the state still hasn’t resolved the legal status of the disputed land.

Brenda: Well, in Guatemala I think there are several factors at play.

Eliezer: Now you’re hearing Brenda. Every year, her organization analyzes the patterns of attacks against defenders.

Brenda: Since 2020, when the pandemic hit, the pattern has shifted. What we used to see happening on a physical level is now happening in the digital sphere, and that has other implications. In 2025, we documented a total of 5,238 attacks, and 95% of them took place in the digital sphere. What perpetrators used to achieve with a direct threat over the phone is now being replaced by the creation of news-style profiles online, which first publish real news to build an audience, and then start publishing defamatory content against human rights defenders.

At the community level, in rural areas, it’s very common for television channels to be tied to the municipal government. And municipal power is usually tied to other actors with interests, like companies, large estates, megaprojects, or organized crime and drug trafficking. So what used to reach you only on your phone now reaches you not just as a news item on your phone, but also as a story on your local channel.

Eliezer: In several Latin American countries, the justice system has also become a tool for putting pressure on people who defend their territories. In Guatemala, this problem is especially serious.

Brenda: In Guatemala, what’s happening is that the justice system has been captured. So if there’s no Public Prosecutor’s Office investigating, and no Supreme Court punishing the act, then you’re giving the perpetrators license to keep attacking in rural areas. And unfortunately, in Guatemala, attacks can come from different fronts. I mean, since 2019, we’ve had a specialized unit within the Public Prosecutor’s Office: the Prosecutor’s Office Against Usurpation.

Eliezer: That office investigates conflicts related to the occupation and possession of land. The Inter-American Commission on Human Rights has documented a sustained practice by the authorities of taking community leaders to court on usurpation charges. And it specifically points to the role this prosecutor’s office has played in those cases.

A land conflict can turn into judicial persecution in several ways. Vanessa told us about a well-known Colombian case.

Vanessa: The case of the Jericó 11: 11 campesinos, men and women, who are fighting against a mining company in the department of Antioquia. And to stop that fight, because they’re people who are very much listened to and very respected in their territory, they’re taken to court.

Archival audio, El Espectador, Anchor: The 11 campesinos who were reported by the multinational AngloGold Ashanti in Jericó, Antioquia, have been charged by the Attorney General’s Office with simple kidnapping, aggravated theft, damage to property, and personal injury.

Vanessa: So far there are eight lawsuits and 10 criminal proceedings, and who’s behind them? A company, of course. It’s usually companies. And here, obviously, we can’t ignore the role of the private sector. Of course I’m not going to criminalize the entire private sector. Some parts of it have very good practices, but this is a call particularly to the extractive industry, especially mining and oil. And the point is that this use of the courts has to be taken very seriously. Because these are people who take on leadership roles and who are up against a corporate machine that’s impossible to fight. So these judicial cases usually come with charges of terrorism, for example. These are very complicated charges to fight in court, and they criminalize and silence the voices of people who basically only wanted to defend their territory. So that tool is used a lot. The case I’m giving you is one example, but it’s widespread across our whole region. Criminalization also goes hand in hand with judicialization, but of course, criminalization is more about discrediting people. And it’s closely tied to breaking down the fabric of the community and of society. So legal or illegal actors come in to divide the community and say, “But look, your leader has other interests, a personal agenda.” They spread lies about this person, and it turns into a campaign of criminalization and attacks that usually ends up forcing that person to leave their territory.

Eliezer: Disinformation campaigns and accusations, as Brenda explained earlier, can be the beginning. Then come criminalization, threats, and legal proceedings. The goal is usually the same: to discredit whoever is leading, divide the community, and make defending the territory harder and harder. We’ll take a short break and be right back.

Eliezer: We’re back with El hilo.

Eliezer: Has there also been a shift in the ways defenders are pressured, intimidated, threatened? Or is the clearest change exactly this: the escalation of violence and the brazenness with which environmental defenders are attacked?

Brenda: Well, unfortunately, it’s both. I mean, the perpetrators don’t abandon certain practices; sadly, they keep perfecting them. So of course you have what hits you hardest, which is the killings, because those are people’s lives. But there are many attacks that also wear down people’s quality of life and dignity. We support communities where every man has an arrest warrant, because of their human rights work. So what does that mean? If you’re a man who provides for your family, it makes it impossible for you to go out to work and find some way to get by, because every time you move around, you risk being stopped by the police and sent to prison. There are other communities where it’s even worse, because both the man and the woman of the family have arrest warrants. And in the case of women, there are practices tied to women in these communities: women go and collect water from the rivers to survive, because they don’t have access to drinking water. And the way the security forces of companies or large estates attack them is by opening fire when the women go to the river, by blocking their way. So it’s not just the killings, it’s all these attacks that wear down your quality of life and isolate you, basically. And that’s not even mentioning what happens when you get sick. If you have an arrest warrant, you have little chance of paying for a doctor to come to your community; instead you have to travel to a public hospital or somewhere else, but you risk being arrested on the way, or even at the hospital itself. So many people’s health keeps getting worse, and some even die. And, well, the killings themselves are counted, but these deaths caused by all these actions are also the result of attacks for defending human rights.

Eliezer: Violence against people who defend a territory, as Brenda describes, doesn’t begin or end with a killing. It can gradually close off the possibility of living a normal life, until it reaches a breaking point. There’s one case that became a symbol of that process: Berta Cáceres, the Lenca Indigenous leader from Honduras who had spent years fighting a hydroelectric project to defend the Gualcarque River. Berta had received threats and had been criminalized. In 2016, she was killed in her home. Years later, a Honduran court found that executives from the company behind the project had ordered her murder.

Archival audio, France 24 Español, Anchor: On March 2, 2016, a group of hitmen broke into Berta’s house and shot her dead. So far, the Honduran courts have established that Roberto David Castillo, then executive president of DESA, and Sergio Rodríguez Orellana, the company’s environmental manager, paid former soldier and former company security chief Douglas Bustillo to coordinate Berta’s murder with three other former members of the military.

Eliezer: Berta’s case also sheds light on another dimension of these struggles. Because a woman who defends her territory has responsibilities that go beyond protecting a river, a forest, or a piece of land. She’s also holding together her community’s organization, caregiving, and many aspects of daily life. That also changes the ways she can be attacked.

Brenda: Women’s role is fundamental in Indigenous communities. They’re the ones who pass down, from generation to generation, the community’s entire identity, its entire worldview. In other words, there’s a very, very heavy burden and a very great responsibility on women. And when it’s women who are defending life, natural resources, and territories, they face different kinds of attacks. We’ve documented this. The rhetoric aimed at women almost always tries to put an end to their political role and push them back into what machismo believes a woman’s role is, which is going back home. And it does this through accusations like: “Of course, when women take part in certain spaces, all they’re looking for is a husband, a lover, a partner.” Smear campaigns against women on social media focus on their sexuality, on their identity. They set out to attack not just the defender, but her closest circle, because most of the time we women are responsible for other people, whether that’s sons, daughters, fathers, grandparents, and so on. So the attacks also zero in on that closest network.

We supported a woman who was defending a river. She was constantly besieged by attacks, but when the attacks reached her children, when her kids started being bullied at school because they were shown campaigns with their mother’s face on a naked body, or defamatory content, that’s when she said, “No, I don’t want to keep going.”

Vanessa: This does mean a different situation from that of men in leadership roles. It means women should be given special recognition within these struggles. But of course, it doesn’t mean women should be sidelined. Quite the opposite: women should keep these leadership roles. Making women’s role as leaders visible completely transforms a discussion in a territory. It brings a sensitivity, it brings a connection with younger generations that, I believe, broadens the message and creates a much wider positive impact within a struggle. I also strongly believe that we have to try to change the narratives around these very complex realities. And something I can tell you is that we’ve also seen an increase in women’s roles in these leadership processes. I’d say that’s positive. When I started working in the environmental and human rights world, the predominance of men was very striking, particularly among ethnic peoples. Women were always sidelined. Relegated to caring for the children or, for example, to the kitchen, which is no small thing in an ethnic context. In fact, it’s extremely important. But they didn’t take part in leadership and decision-making roles. And I think we civil society organizations have a lot to do with that change, because of course we’ve been pushing the idea that, well, women also need to take part, they need to speak about their own realities, as you mentioned, because being a woman who defends a territory comes with its own particular challenges.

Eliezer: An important part of your work is supporting communities so they can know their rights, take part in the decisions that affect their territories, and have tools to defend themselves. It’s a very basic question, but one that those of us who live in cities usually don’t have to ask ourselves: what changes for a community when it knows its rights, or gains them?

Vanessa: The work of an organization like mine is to accompany. I find that word really beautiful and very fitting for this work: accompanying the process of defense. What does accompanying a defense process involve? From our perspective, the most important thing is for communities to understand how to use the law, how to use their rights to guarantee their way of life. So it’s about recognizing a way of life rooted in protecting the territory, in inhabiting the territory, and using any legal framework to make that possible. Of course, 12 or 13 years ago, when I started doing this work, it was very common to have to start from scratch to explain to communities what the fundamental right to water was, or what a body of case law was, actual court rulings that tell you that this right is yours and nobody can take it away from you. But that has changed. I’m very happy to say this, because what I’ve been able to see is that many leaders have gone and studied, gotten trained. Now you find, for example, in the collective spaces of ethnic peoples, leaders who are lawyers, leaders who are anthropologists, sociologists, and of course, the discussion starts from tradition, from their own knowledge, from the grassroots, from the roots, from the words of the elders, but it intersects with the legal world, and that’s really interesting. And this reflects how important the right to education is. Working on passing on knowledge means you also have to be open to receiving knowledge. I always say this: I learn more than I teach. What do I bring? Well, a set of rights, a Constitution. I bring knowledge about an international treaty that is the first in the world to recognize the obligation to protect defenders: the Escazú Agreement. I had the opportunity to take part in negotiating this treaty. That’s why I believe in it and I believe in this fight. But what do I receive? I always receive so much when I’m with these people. I receive an understanding of how sacred the bond with water is, for example. Of how important it is to care for the forests, and that tending the forests follows a process and a natural cycle that involves controlled burns, which don’t mean deforestation but care. It involves caring for species and seeing them as sacred, as with the jaguar in the Amazon region, where they check every track of the jaguar they come across to understand where it lives and where it crosses, so they can avoid crossing there or keep other people from crossing there to harm it. Those are some of the things I can tell you I’ve learned. But that’s what I’d like to highlight, and it’s the first step in accompanying a community: making sure they have all the knowledge they need to understand their rights and make them their own. And that they can incorporate them into their plan de vida, their life plan, as Indigenous peoples in the Amazon call it. And that leads to a second stage, which is: okay, our rights weren’t respected. So we need to think about legal action, about litigation, but strategic litigation, that doesn’t wear the community down, that doesn’t use up a lot of human resources, time, and money, which are scarce to begin with. Getting to the point of litigation involves a lot of variables, but we’ve also had many victories. Companies that have pulled out because they realized the project is completely unviable, since it directly impacts a collective territory. In Colombia, Indigenous peoples have collective rights over their territory, something that doesn’t happen in any other country in Latin America; that’s important to mention. And of course, this connects to the Escazú Agreement.

Eliezer: The agreement, which entered into force in 2021, seeks to guarantee basic things like access to information, participation in environmental decision-making, and access to justice. It also sets out specific measures to protect defenders. So far, 19 countries in Latin America and the Caribbean have ratified it. But the existence of an agreement doesn’t mean its measures are already working. States still have to turn those commitments into concrete policies and actions.

Vanessa: Today, this treaty is extremely valuable. Even more so given the figures we talked about from Global Witness. It’s the first treaty in our region that recognizes the obligation to protect defenders. That’s something we shouldn’t overlook. And the Escazú Agreement lives and exists because citizens are the ones driving its implementation. So we can’t stop talking about it.

Having a presence in a territory historically abandoned by the state doesn’t mean sending in the military. Having a presence in a territory abandoned by the state means getting to know the people who live there, understanding how they inhabit that territory, and becoming aware of who they are. Behind the figures in the Global Witness reports there are lives, there are families, there are households that are torn apart, there are stories that end in an instant, and there are processes of struggle and protection that are broken too. And at the same time, hope and life in our region are broken. So please, let’s not forget this. If we’re going to call for security, let’s make sure it’s security for everyone. And let’s think about how we want that security to guarantee a dignified life for all of us who live in our territories.

Eliezer: One last break, and we’ll be right back.

Eliezer: We’re back with El hilo.

Communities aren’t only attacked in different ways, as we’ve described so far, and they don’t only react or resist. They’ve also created ways to protect their territories: patrols, early-warning systems, monitoring, and other organizing strategies that have become part of their daily lives.

That raises another question. Not only how to take care of the people who defend these territories, but also what we can learn from them: from their knowledge, from the ways they’ve protected these lands for generations.

Vanessa: Look, at the international level we’re having technical discussions about how to fight climate change. It’s interesting that the people debating these decisions on the international stage are scientists, who are very welcome; of course, I don’t want to downplay the role of science in all this. Or that they’re lawyers; I’m a lawyer, so of course I’ll always defend my profession. But we push the people who actually live in these territories, and who are coming up with the solutions that let us keep living on this planet in a sustainable way, into third or fourth place. It’s a deeply contradictory discussion. And why do I bring this up? The Paris Agreement, in particular, doesn’t focus on defenders. We wouldn’t be talking about biodiverse territories in Africa, in Asia, in Latin America, basically in the Global South, if these people (ethnic peoples, campesinos, quilombolas, and so on) hadn’t been living in and protecting these territories for hundreds of years. So let’s give them the leading role, so they can teach us how they’ve managed to sustain this complex way of inhabiting the territory. Going to work with a community and a territory, and understanding a territory, means opening your mind to other kinds of knowledge. And this, for me, is actually a message for those of us who live in cities, who are usually the ones who listen to this kind of program, podcasts, and so on. And it’s this: let’s remember that the water we drink every day goes through a very complex process, and that behind that process there are many people guaranteeing that right, sometimes without even knowing it. So that Indigenous person who’s at the river cleaning it, removing the plastic that washes up on the riverbank every day because “I don’t understand why this is happening, but I have to clean it and take care of it,” that’s the person who makes sure that water ends up reaching my door. So let’s not take for granted all these rights we’ve had and won over the years and through struggle. And let’s remember that behind that protection there are many people who live in these territories and who also have rights over them.

Daniela Cruzat: This episode was produced by me, Daniela Cruzat. It was edited by Eliezer. Bruno Scelza did the fact-checking. The sound design and music are by Elías González.

El hilo’s production team also includes Jesús Delgadillo, Samantha Proaño, and Franklin Villavicencio, with art and design by Diego Corzo. The rest of the team includes Natalia Ramírez, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, Elsa Liliana Ulloa, Silvia Viñas, and Daniel Alarcón. Carolina Guerrero is the CEO of Radio Ambulante Studios. Our theme music was composed by Pauchi Sasaki.

El hilo is a podcast from Radio Ambulante Studios. If you value independent, rigorous journalism, we ask you to join our membership program. Latin America is a complex region, and our journalism needs listeners like you. Visit elhilo.audio/donar and support us with a donation.

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