Ecuador
Daniel Noboa
Bukele
Mano dura
Militarización
El Salvador
Crimen Organizado
Violencia
Conflicto armado interno
Ecuador se ha vuelto un laboratorio regional de la militarización y la mano dura, un experimento que intenta importar la “franquicia Bukele” para recuperar el control frente al crimen organizado, pero que está logrando lo contrario. A pesar del despliegue militar y de planes con nombres épicos, el país cerró 2025 con más de nueve mil asesinatos, la cifra más alta de su historia. La semana pasada, un líder criminal fue asesinado a plena luz del día en el aeropuerto de Guayaquil. Después, el presidente Daniel Noboa declaró por segunda vez un conflicto armado interno y ofreció inmunidad a militares extranjeros que participen en operaciones en el país. Esta semana hablamos con el politólogo e investigador académico Juan Pablo Luna sobre por qué el modelo salvadoreño no está funcionando en el complejo y fragmentado tablero ecuatoriano, y qué riesgos trae para la región que la excepción se convierta en una forma permanente de gobierno.
Créditos:
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Producción
Daniela Cruzat -
Edición
Eliezer Budasoff -
Verificación de datos
Bruno Scelza -
Producción digital
Samantha Proaño, Franklin Villavicencio, Diego Corzo -
Diseño de sonido y mezcla
Elías González -
Música
Elías González, Rémy Lozano -
Tema musical
Pauchi Sasaki -
Fotografía
Getty Images / Gerardo Menoscal
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Transcripción:
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Eliezer: De todas las manifestaciones de impotencia y promesas estériles que nos ofrece la política de América Latina, es posible que ninguna sea tan clara como la que encarna hoy la figura de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que ganó la reelección con la promesa de acabar con la inseguridad y el año pasado consiguió el récord del año más violento en la historia del país.
Noboa es uno de los primeros políticos del continente en copiar de forma deliberada los elementos más visibles del modelo Bukele: gobierna con un estado de excepción casi permanente, inauguró una megacárcel al estilo del CECOT, ha puesto los militares a patrullar las calles, ha jurado una y otra vez tolerancia cero para los criminales, y convierte cada medida en un elemento de marketing, a tal punto que es difícil distinguir cuando se trata de una medida real o de una maniobra publicitaria.
La semana pasada, un día después de que dos adolescentes asesinaran al líder de una banda criminal en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, el presidente de Ecuador declaró por segunda vez la existencia de un “conflicto armado interno”. En este caso, Noboa propone, además, indultos y amnistías para agentes de seguridad que actúen en defensa del Estado, y ofrece inmunidad a militares extranjeros que participen de operativos contra los grupos criminales. Su promesa frente a la violencia, en esencia, sigue siendo la misma que ha fracasado hasta ahora: más violencia.
Esta semana hablamos con el doctor en ciencias políticas Juan Pablo Luna, que ha estudiado las estructuras criminales en el continente, para entender por qué la fórmula de Bukele o las políticas de mano dura en general fallan de manera tan clara en otros países de América Latina. Y por qué, a pesar de las evidencias de sus efectos opuestos, siguen siendo una bandera discursiva para políticos como el nuevo presidente de Chile y el futuro presidente de Colombia.
Juan Pablo es profesor y Diamond Brown Chair en estudios democráticos en la Universidad de McGill, de Canadá, y es investigador en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile.
Es 26 de junio de 2026.
Eliezer: Juan Pablo, nos gustaría empezar con lo más reciente. Hace algunos días, el presidente de Ecuador declaró conflicto armado interno, que es esta figura con la que califica a las organizaciones criminales como terroristas y justifica, básicamente, que las Fuerzas Armadas operen dentro del territorio nacional, ¿no? Ya lo hizo en 2024. Este decreto vuelve a repetir que hay conflicto armado interno, pero tiene tres cambios: Antes había un listado con más de 20 bandas y ahora ya no hay listado de quiénes son los terroristas. Ahora se proponen indultos y amnistías para militares o agentes que participen de este conflicto armado interno. Y lo más nuevo es que se ofrece explícitamente inmunidad a militares extranjeros que se desplieguen en el país para ser operativos. Por un lado, todo esto parece gravísimo. Lo que uno lee como mensaje general cuando ve estas medidas es: vengan y maten a todos, esta guerra no tiene límites, hay impunidad para que, para el que cometa abusos, etcétera, ¿no? Pero también en esta época es muy difícil distinguir qué medidas suponen un cambio importante en las reglas de juego y qué cosas son en realidad una maniobra publicitaria. Entonces, primero nos gustaría conocer tu lectura sobre esto.
Juan Pablo Luna: Efectivamente es gravísima la situación, es gravísimo el anuncio y todo lo que implica, pero como vos decís, también refleja este patrón que es un patrón regional, en el cual los liderazgos incurren en esta estridencia comunicacional. Muchas veces para encubrir de alguna manera, su incapacidad de generar políticas públicas que solucionen los problemas que hoy enfrentan nuestros países. En ese contexto, Ecuador se encuentra en en en un círculo vicioso que se ha vuelto, también, dominante a nivel regional y que de alguna manera refleja, tal vez con rasgos exagerados o siendo hay un caso, el caso que mejor refleja esta situación regional. Un escenario en el cual vos tenés preocupación por la seguridad, crecientes problemas de seguridad, respuestas de mano dura. Esas respuestas generan una espiral de violencia. Y los liderazgos, a continuación, prometen redoblar la apuesta con más mano dura. Esa dinámica tiene fundamentos electorales ante la violencia, el temor, la desesperación que esto genera en la población. La sociedad apoya medidas de este tipo en toda la región. Pero al mismo tiempo, lo que vemos en el caso de Ecuador es que ese tipo de medidas, con la excepción, muy entre paréntesis, muy entre comillas, del caso salvadoreño, en el resto de la región termina deteriorando aún más la situación de seguridad, de criminalidad, de disolución del poder estatal.
La situación es efectivamente gravísima en términos de que habilita la continuidad de los abusos de la impunidad. Ecuador tuvo en el 2024 un caso muy sonado, que es el caso de Las Malvinas.
Archivo de noticias, Presentadora, Ecuavisa: El ocho de diciembre de 2024, un operativo militar en Las Malvinas terminó con la muerte de cuatro menores de edad.
Archivo de noticias , Presentador, Ecuavisa: Ismael Arroyo de 15 años, su hermano Josué de 14, Nehemías Arboleda de 15 y Steven Medina de apenas 11 años.
Archivo de noticias, Reportero, France24: Cuyos restos calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre.
Eliezer: Esto pasó en la ciudad de Guayaquil, meses después de que el presidente Daniel Noboa declarara por primera vez un conflicto armado interno para enfrentar a las bandas criminales. El caso sacudió a Ecuador y se convirtió en uno de los mayores cuestionamientos a la estrategia de seguridad del Gobierno. La investigación concluyó que se trató de una desaparición forzada, y 16 militares fueron condenados a penas de más de 34 años de cárcel. Además, ordenó medidas de reparación para las familias, entre ellas, disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas.
Para Juan Pablo, el mensaje es preocupante: en lugar de fortalecer la rendición de cuentas, el Gobierno está dando carta blanca para que se cometan este tipo de abusos.
Juan Pablo: Con el agregado de la posibilidad de que participen fuerzas extranjeras, ¿no? Y ahí creo que el otro componente de esta situación y este anuncio en Ecuador tiene que ver con la nueva geopolítica de la región, en el contexto del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Donde lo que hay es un intento, por un lado de Estados Unidos de recuperar la hegemonía sobre su patio trasero. Y al mismo tiempo, cierta competencia y cierto entusiasmo de los liderazgos que se han vuelto dominantes en la región por, eventualmente complacer a Estados Unidos y alinearse con Estados Unidos.
Eliezer: Juan Pablo recuerda que, el año pasado, los ecuatorianos rechazaron en un plebiscito la posibilidad de volver a permitir bases militares estadounidenses en el país. Aun así, el anuncio del Gobierno abre la posibilidad de una mayor presencia de fuerzas de Estados Unidos en Ecuador, sin necesidad de instalar bases formales.
Eliezer: Ahora nosotros vamos a analizar varios de los puntos que acabas de mencionar, ¿no? Empezamos con la declaración de conflicto armado interno, no solo porque es la más reciente, sino porque queremos revisar contigo el abanico reducido de herramientas que está utilizando el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar el problema de la criminalidad en el país. Pero antes de seguir, nos serviría mucho si puedes esbozar, de manera muy general, cuál es la situación actual. O sea, ¿cuáles son los principales actores de este conflicto y los factores más importantes a tener en cuenta? Sabemos que el año pasado Ecuador terminó con más de 9.000 asesinatos y una tasa de homicidios de alrededor de 51 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, que se ha vuelto rápidamente uno de los países más violentos del continente. ¿Cómo se ve ese panorama en el territorio? ¿En qué regiones o espacios se concentra la violencia? ¿Qué tan grande es el poder económico o logístico de los grupos criminales y cuánto definen hoy la vida colectiva?
Juan Pablo: Yo creo que acá hay que hacer un análisis de largo plazo para entender un poco, digamos, cuáles son los factores que están detrás de lo que estamos viendo hoy,. En términos de la violencia, la violencia homicida en particular, que es lo que medimos, y esto tiene sesgos importantes, ¿no? O sea, muchas veces la criminalidad organizada genera otro tipo de violencia. Funciona en espacios de zona gris sin generar homicidios o sin generar este tipo de violencia homicida que hoy vemos en Ecuador, siendo el país más violento de la región. En términos de dónde se concentra la violencia, tradicionalmente e históricamente en este caso, la violencia irrumpe esencialmente en los puertos y en las fronteras, ¿no? Y en ese sentido, la provincia de Guayas, donde está Guayaquil, donde está Durán, que es una de las ciudades más violentas del mundo, hoy son relevantes. Esmeraldas, en la frontera norte con Colombia, también ha sido epicentro de la violencia en Ecuador. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que estas bandas criminales, estos actores criminales, que se han ido fragmentando y se han ido expandiendo tanto territorialmente como en términos de su cartera de negocios, han empezado a disputar territorios y generar otro tipo de negocios en otras zonas del país. Entonces, si vos te vas hoy a las provincias de Los Ríos, a las provincias de El Oro, lo que encontrás ahí es una serie de negocios asociados a la extorsión, al sicariato, a la explotación de la minería ilegal, que es una constante en la región andina y en la Amazonía. En particular hoy, buena parte de la Amazonía está siendo disputada por grupos criminales. Y eso también sucede en Ecuador. Lo que vos tenés es, de nuevo, esta epidemia de homicidios que en principio se concentraba en puertos, fronteras y cárceles que son relevantes, también, como un epicentro de la violencia tradicional. Hoy eso se extiende hacia otras áreas de la economía, hacia otras áreas del país, donde, por ejemplo, hay, en torno a la producción de bananas, hay grandes fortunas, hay empresarios locales que empiezan a ser extorsionados, que empiezan a ser secuestrados, que empiezan eventualmente a ser amenazados a partir de negocios asociados al sicariato Y también otros mercados, como el mercado de la minería, que están generando muchas veces más riqueza que el narcotráfico en América Latina y en y en la región andina en particular.
Eliezer: Para entender un poco este proceso, porque hace algunos años uno tenía esta idea de, bueno, Guayaquil se convirtió en uno de los principales puertos de exportación de cocaína hacia Europa y África y entonces, de alguna manera un movimiento que existía antes en Venezuela, en Colombia, se fue desplazando hacia Ecuador, y esos son mafias internacionales con un montón de poder económico. Ahora, ¿estas estructuras son las que hacen crecer las organizaciones criminales y después se expanden hacia adentro? Yo sé que no es tan lineal el proceso, pero para entenderlo.
Juan Pablo: Pero es súper importante. Yo te diría que hay una serie de condiciones que son como coadyuvantes al lugar que Ecuador tiene hoy en términos del macro tráfico de cocaína en particular, eh, hacia Europa, hacia África, eventualmente hacia el norte de América. Eso tiene que ver por un lado con la dolarización del 2000. ¿No? Que, por ejemplo, digamos, facilita los negocios de lavado de dinero, pero fundamentalmente con el tratado de 2016 entre Ecuador y la Unión Europea, que permite, por ejemplo, un boom exportador, desde Ecuador hacia Europa, de nuevo pensando, por ejemplo, en el mercado de bananas. También, como vos mencionabas, en 2016, como resultado del proceso de paz colombiano, en el norte de Ecuador, en la frontera norte, en Esmeraldas se genera un vacío de poder, se genera un vacío territorial por la desmovilización de las FARC, que eran quienes controlaban ese territorio, que genera un tránsito desde Colombia hacia los puertos ecuatorianos de cocaína producida en Colombia. En ese contexto, empiezan a operar los puertos ecuatorianos una serie de organizaciones transnacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la mafia albanesa y de los Balcanes. Y con un poco menos de presencia y con menos fuerza también se menciona el PCC, al Comando Vermelho, al Tren de Aragua, como organizaciones que empiezan a operar y a usar Ecuador como una plataforma de exportación. Entonces vos tenés esa serie de condiciones de economía política que ponen a Ecuador como una plataforma de exportación sumamente relevante. Hay algunas fuentes que dicen que el 70% de la cocaína que hoy se consume en Europa pasa por puertos ecuatorianos.
Al mismo tiempo, el país genera una serie de reformas institucionales que también empiezan a alimentar y a expandir el mundo criminal local. Vos tenías en Ecuador ─como en buena parte de los países de la región─ espacios de zona gris donde el crimen, la criminalidad organizada, los actores estatales y los actores políticos muchas veces funcionaban en torno a negocios que no generan violencia y que permiten el desarrollo de actividades criminales que generan altas rentas vía corrupción, ¿no? Hasta hace poco y esto es importante de entender, Ecuador era uno de los países menos violentos de la región. Lo que es interesante de Ecuador es lo rápido que escala la violencia. Entonces, no es que en Ecuador no hubiera crimen organizado local, no es que en Ecuador, la política y el Estado funcionaran bien antes de la llegada, de la consolidación de Guayaquil en particular como un puerto de exportación y en esta cadena logística global.
Si vos miras cuáles son algunos factores internos, en 2011 hay una reforma al sistema carcelario y hay una centralización del sistema de justicia que tiene como implicancia la construcción de mega prisiones. Donde se empiezan a concentrar grandes números de prisioneros en espacios reducidos, ¿sí? Como en el resto de la región eso ha terminado siendo criminógeno. Ha terminado generando nuevas organizaciones criminales que tienen origen carcelario. En ese contexto de alta concentración, hacinamiento, malas condiciones en las prisiones, corrupción del sistema institucional que administra las prisiones, Los Choneros son la primera banda que gana mucha tracción internamente. Al mismo tiempo, una vez que tenés bandas locales como Los Choneros ganando tracción en este ambiente carcelario, entre 2018 y 2020, se dan una serie de reformas sucesivas que fragmentan la administración del sistema carcelario. Las cárceles empiezan a ser administradas por agencias que no hablan entre sí, que tienen dinámicas de colusión y de corrupción fragmentada. Y en ese contexto, las organizaciones criminales empiezan a competir y empiezan a fragmentarse, tambié,n por la disputa territorial en las prisiones, por eventualmente la disputa territorial asociada a las organizaciones internacionales, que empiezan a contratarlos para llevar adelante el negocio y la logística de la exportación de cocaína.
Eliezer: La competencia entre estos grupos transformó las cárceles en escenarios de disputa por el control territorial, una violencia que, en los años siguientes, dejó cientos de muertos en los penales. A eso se suma el asesinato del líder de Los Choneros en 2020, que desató una lucha interna y aceleró la fragmentación de las bandas, y del crimen organizado en Ecuador.
Juan Pablo: Entonces, vos lo que tenés es, por un lado, esta consolidación de Ecuador como puerto exportador y como un un lugar que atrae grandes organizaciones internacionales que requieren mano de obra local. Y la consolidación de bandas carcelarias que, al mismo tiempo, se van fragmentando y van escalando la violencia en las cárceles y en el territorio por el control territorial y por la disputa en torno a ese mercado de exportación.
Eliezer: Ahí hay un dato particular sobre este panorama, que aparece también en la noticia que mencionamos en la introducción.
Archivo de audio, Presentador, AFP: El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. El ministro del interior John Reinberg identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de Los Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros.
Eliezer: La semana pasada, en el aeropuerto de Guayaquil fue asesinado un hombre que, bueno, las autoridades señalaron como líder de una banda criminal y los autores son supuestamente dos adolescentes que metieron las armas escondidas entre flores y peluches. Entre los elementos que más se destacan de esta crisis es que han subido un montón los homicidios de menores de entre diez y 16 años y también su reclutamiento por parte de las bandas, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros analizábamos en México el reclutamiento forzado que estaban haciendo los cárteles en algunos territorios en particular, una académica nos decía, bueno, este país no tenía mil sicarios sentados cruzados de brazos, esperando que se desatara la guerra territorial entre los cárteles para participar, tienen que construir esa figura, ¿no? Y entonces me pregunto si esto, si la edad, el hecho de que sean tan jóvenes y que los estén reclutando tanto es un fenómeno regional o es algo particular de las dinámicas criminales en Ecuador en este momento?
Juan Pablo: Yo te diría que es algo que estamos viendo en buena parte de la región. Obviamente, cuando uno tiene organizaciones de este tipo, que a su vez están en esta competencia territorial desatada, las organizaciones tienen más incentivos para reclutar, a veces de forma forzada, a veces mediante el grooming, por ejemplo, en términos de lo que hacen cada vez más en redes sociales, jóvenes que terminan siendo carne de cañón en esta puja, entre organizaciones. Pero si uno mira la región más ampliamente, yo lo que te diría es que es un fenómeno que se ha ido extendiendo, que tiene que ver también con la crisis educativa y con la crisis de expectativas que muchos jóvenes en la región hoy tienen en términos del futuro y su capacidad de lograr las condiciones de vida a las que aspiran. Hay también un vector importante que tiene que ver con cómo se construye identidad con las masculinidades. Por ejemplo, en sectores de la población juvenil hoy, si yo por ejemplo, me fijo en lo que nosotros estamos viendo en casos como Uruguay, como Chile, que están lejos de la situación de Ecuador, los jóvenes construyen identidad en torno, por ejemplo a tener un arma. El arma que uno puede tener en el barrio como adolescente, muchas veces es un símbolo de estatus, es una marca, digamos, de identidad y de prestigio. Es algo a lo que muchos jóvenes hoy aspiran y eso genera condiciones en las cuales estas bandas pueden reclutarlos, pueden activarlos. Hay condiciones legales por las cuales también los jóvenes tienen condenas más cortas. Entran en un sistema penal adolescente, que es diferente al sistema penal de adultos. Son, por una cuestión de edad, más arriesgados y más violentos, yo te diría que hay un conjunto de vectores, que, hay quienes dicen también que esto se ha se ha ido profundizando en la post pandemia, que hacen que nuestras sociedades hoy tengan una masa de gente joven disponible para ser reclutada por organizaciones de este tipo. Pero de nuevo, también esto tiene que ver con la crisis educativa con la falta de horizontes en términos económicos. Nosotros también estamos viendo cómo jóvenes, en distintos contextos, incluso de distintos niveles socioeconómicos, empiezan a pensar en negocios informales, negocios ilegales, no necesariamente asociados al narcotráfico o a estos mercados violentos, muchas veces apalancados en redes sociales en plataformas tecnológicas que les permiten estructurar sueños de futuro que la educación hoy no está pudiendo vertebrar para parte importante de la juventud en América Latina.
Eliezer: Una pausa y volvemos.
Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo.
Eliezer: El proyecto que llevó al poder a Noboa y lo que ha implementado para enfrentar la crisis de inseguridad en Ecuador, parece uno de los ensayos más visibles de importar la fórmula de Bukele a otro país, ¿no? Tiene algunos elementos comunes claramente de la franquicia Bukele. Tiene todos estos nombres épicos para cosas que nadie sabe mucho de qué se tratan. El Plan Fénix como en su momento el Plan de Control Territorial de Bukele. Inauguró una cárcel de máxima seguridad como el CECOT. El discurso de guerra total, ¿no? Este año lanzó la Operación Ofensiva Total. La instauración de un Estado policial-militar de facto, etcétera. Según los resultados, hasta el momento es un fracaso bastante claro. Y yo recuerdo que nosotros hablamos contigo cuando Bukele fue reelegido, para analizar el modelo Bukele, y entendimos claramente por qué si tienes estructuras criminales que están tan presentes en todo el territorio y son tan jerárquicas, puedes conseguir resultados negociando con las cúpulas, ¿no? En este caso, el Gobierno de Ecuador no conoce cómo funcionan las estructuras criminales que operan en el país, o sea, la inteligencia militar, la policía, los asesores del gobierno, ¿no saben cómo operan internamente, están muy infiltrados por los grupos criminales? ¿O en realidad es que si aceptan cualquier diagnóstico técnico, digamos no más objetivo, la respuesta a eso es sí o sí que no hay una solución fácil y entonces tienes que aplicar medidas que no son populares políticamente?
Juan Pablo: Yo creo que es un poco de todo eso. A ver, por un lado, Ecuador es claramente un buen ejemplo de por qué es muy difícil exportar el modelo Bukele con los resultados, en términos de seguridad, de nuevo, sin pensar en democracia, en derechos civiles.
Eliezer: Sí, sí, incluso mirado cínicamente. Sí, total.
Juan Pablo: Es claramente un ejemplo en el cual vos ves que el marketing y estas, estas estrategias de bala de plata funcionan muy mal, ¿no? Y terminan generando más problemas que los que vienen a solucionar. Yo te diría, el caso de Ecuador no solo muestra y refleja la incapacidad de exportar el modelo Bukele entre comillas. Sino también vuelve a mostrar lo que sucede cuando el Estado implementa políticas de mano dura como las que implementó México a partir de 2006 con el gobierno de Calderón.
Eliezer: La llamada guerra contra el narco empezó en 2006 con la promesa de recuperar el control del territorio. En los hechos, lo que hizo fue fragmentar los grupos criminales, multiplicar la violencia y extender el conflicto a nuevas regiones. Simultáneamente, aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos y se dispararon los casos de desapariciones en el país, algo que se convirtió en una de las heridas más profundas que dejó la estrategia de Felipe Calderón.
Juan Pablo: Lo que vos ves en Ecuador en términos de fragmentación de las bandas a través de la decapitación de sus liderazgos y cómo eso reproduce y escala la violencia también lo viste en México. El efecto criminógeno de estas estrategias de prisionalización masiva claramente se ve en el caso de Ecuador. Ecuador es como un laboratorio de todo lo que sabemos que no funciona en términos de política pública contra este tipo de fenómenos de criminalidad organizada. Al mismo tiempo, lo que muestra el caso ecuatoriano es cómo los actores políticos recurren y recurren otra vez a estas soluciones que no tienen consenso técnico, que quienes estudiamos esto desde la política pública sabemos que no funcionan, porque todavía rinden electoralmente. Y yo te diría que esto es algo que se da transversalmente en la región. Vuelvo a hablarte del caso de Uruguay. Uruguay acaba de generar un proceso inédito en la región de diálogo social técnico, buscando, digamos, establecer una serie de políticas de Estado respecto al problema de la seguridad pública. Eso cristalizó en un documento que se llama el Plan Nacional de Seguridad Pública. El problema es que muchas de esas medidas reconocen que no hay balas de plata, que no hay una solución de política pública, sino que hay que intentar una serie tentativa de intervenciones con resultados que eventualmente no son conocidos. Y que lo que hay que generar es estirar el horizonte temporal de la política, de forma tal de ir buscando soluciones a un problema que es muy complejo y que no se soluciona con una bala de plata. Ese plan, que tiene consenso técnico, que tiene acuerdo político por detrás, que involucró a buena parte de la sociedad civil que trabaja en estos temas, es inviable en términos de política electoral, ¿no? Y hoy en Uruguay, más o menos la mitad de los votantes del Frente Amplio, la izquierda del país, tiene a Bukele como uno de sus referentes principales en términos de liderazgo regional.
Eliezer: Esta semana, el Gobierno de Uruguay anunció que vehículos blindados del Ejército iban a patrullar zonas de alta criminalidad en Montevideo. Una medida que contrasta con el espíritu del Plan Nacional de Seguridad Pública, que reconoce que este tipo de intervenciones no son recomendables, porque pueden llevar a que la violencia escale.
Juan Pablo: Entonces, estamos entrampados en la región y eso es lo que muestra muy bien el caso de Ecuador entre política electoral, horizontes de corto plazo, sistemas de partidos en descomposición, donde quienes ganan elecciones no tienen demasiado poder ni tracción en la sociedad, que se enfrentan a este tema y que a lo único que pueden recurrir, aún a sabiendas de que esto no funciona y que les va a terminar explotando en la cara, es a esta retórica, a este marketing, a esta política punitiva, que termina empeorando el problema y que termina disolviendo en buena medida o contribuyendo a disolver el poder del Estado y el poder de las instituciones en la región.
Eliezer: Me interesa mucho este punto de cómo se aplican políticas de mano dura, pero esto, paradójicamente termina disolviendo el poder del Estado, ¿no? Túhablas de lo que significa tener autoridad real y en Ecuador hoy se ven tanquetas y militares patrullando por todos lados. El Estado en apariencia despliega más fuerza que nunca y mientras más se endurecen las medidas, más impactantes parecen algunos actos de violencia. Es esta espiral de violencia de la que hablabas, también.
Archivo de audio, Presentadora, Ecuavisa: Cinco muertes violentas se registraron en menos de 12 horas en el cantón Lago agrio, en la provincia de Sucumbíos.
Archivo de audio, Presentador, Ecuavisa: Un intento de secuestro terminó con cuatro personas asesinadas en Ventanas.
Archivo de audio, Presentador, Ecuavisa: Policía Nacional identificó a la mujer decapitada en el Cerro de Mapasingue este.
Archivo de audio, Presentadora, Ecuavisa: Una adolescente de 16 años murió y otras seis personas resultaron heridas en un ataque armado ejecutado, que según la policía, también fue hecho por dos menores de edad.
Eliezer: ¿Qué significa esta brecha entre la imagen de control y la realidad de la violencia? ¿Por qué el predominio de la fuerza, o sea, tener el poder del Estado y mostrar toda tu disposición a utilizarlo por completo en contra de los ciudadanos no genera autoridad?
Juan Pablo: Bueno, ahí hay varias razones. Hay algunas que son históricas, ¿no? O sea, nosotros tenemos estados históricamente débiles con mucha incidencia de lo que denominamos patrimonialismo, ¿no? Una administración muy permeada por lógicas de corrupción, de debilidad institucional. Y al mismo tiempo, lo que yo siento que ha empezado a pasar en la región es que la expansión de estos mercados ilegales, junto con también, la irrupción de las plataformas tecnológicas de las que te hablaba, que empiezan a generar actividades económicas que el Estado ya no puede regular y sobre las cuales no tiene control, ¿sí? Han empezado a generar un proceso de erosión del poder estatal desde abajo, es como un fenómeno de termitas donde el poder que estos estados tenían, que ya era limitado, que estaba muy condicionado en términos territoriales, en función de lo desparejo de la llegada del Estado al territorio, en la región, empiezan a estimular y a empujar un proceso en el cual, vos elegís autoridades, ¿no? La democracia genera estos liderazgos y estas autoridades que ocupan las instituciones del Estado, pero son instituciones estatales que tienen cada vez menos tracción en la sociedad. Para darte un marco más amplio de esto, nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, con fenómenos como el de Milei o el de Elon Musk, en Estados Unidos, en el cual hay un proyecto de desmantelamiento del Estado desde arriba, desde los ejecutivos. Pero mi impresión es que si uno mira, por ejemplo, el fenómeno del voto mejorista en Argentina…
Eliezer: El voto mejorista es el de quienes apoyan a un gobierno porque creen que su situación económica puede mejorar, más allá de afinidades ideológicas o partidarias.
Juan Pablo: Lo que encontrás es sectores importantes de la sociedad que ya habían decidido salirse del Estado, prescindir del Estado, vivir fuera del Estado. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo tiene que ver con un proceso de disolución de la autoridad estatal en América Latina. Déjame darte dos ejemplos más. Crecientemente en la región a las policías, a las fuerzas de orden, les cuesta más llenar las vacantes. Tenemos estados que eventualmente se están quedando sin policía. Y eso tiene que ver en parte con que nuestros jóvenes hoy, y los jóvenes que eventualmente, en el pasado, optaban por una carrera en las fuerzas de orden como una opción laboral, hoy están optando por otro tipo de inserción laboral. En Chile, en los últimos días se está discutiendo un proyecto de ley que tiene el gobierno de Kast para cobrarle IVA a las casas de apuestas deportivas. El problema es que las casas de apuestas deportivas son ilegales en la ley chilena. Entonces vos te encontrás con estados que no pueden controlar la actividad, no pueden eventualmente ponerle coto a algo que se expandió brutalmente en la sociedad. Pero bueno, tratan de cobrarle IVA para recaudar un poco. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que uno ve respecto a, volvamos al caso de Ecuador y de Noboa en particular, es un presidente que hace anuncios que apela cada vez a una retórica más estridente en términos de, su estrategia comunicacional.
Audio de archivo, Daniel Noboa, presidente de Ecuador: Vivimos en constante alerta porque probablemente el vecino que tenemos al lado es el enemigo.
Audio de archivo, Daniel Noboa, presidente de Ecuador: Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear mil veces con tal de lograr nuestros objetivos.
Juan Pablo: Pero eso refleja, en muchos sentidos, más debilidad que fortaleza. Porque cuando esos anuncios bajan al territorio, cuando esos anuncios tienen que traducirse en política pública, lo que tenés son instituciones cada vez más débiles en relación a actores no estatales que les disputan el poder en la sociedad real, actores que al mismo tiempo están infiltrados por las organizaciones criminales que tienen pujas sectoriales y muy poca capacidad de coordinación entre agencias. Y que al mismo tiempo responden a intereses políticos también cada vez más fragmentados y menos hegemónicos en términos de su capacidad de imponer condiciones en la realidad.
Eliezer: Una última pausa y volvemos.
Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo.
Eliezer: Además de la figura de conflicto armado interno, de la que empezamos a hablar en este episodio, Noboa ha usado otra herramienta preferida de la franquicia Bukele, que es el estado de excepción, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que recién decías. En el caso ecuatoriano suspende garantías básicas, como que pueden allanar tu casa sin una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Noboa lo ha renovado más de 20 veces de forma casi continua desde que está en el poder. O sea, gobierna bajo estado de excepción. Hace pocos días, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción para disolver los bloqueos de carretera que sostienen los sindicatos campesinos desde hace más de 50 días. Y también lo han usado en el último año otros países de la región, tal vez de manera más puntual. Algunos, como en el caso de El Salvador o Ecuador, lo convierten en la norma, ¿no? El hecho de que se vuelva algo tan normal hace pensar en una especie de retiro del Estado. Es como si se renunciara cada vez más rápido a la posibilidad de construir otros caminos para ciertos sectores de la sociedad. Un poco lo que estabas contando sobre Uruguay. ¿Crees que estamos asistiendo a una especie de transformación de facto de ciertas funciones del Estado? ¿Que algunas garantías y derechos ya no tienen un significado real para gran parte de algunas sociedades? ¿O que es también un asunto coyuntural que puede formar parte de un de un ciclo, por ejemplo?
Juan Pablo: Yo tiendo a pensar que es un proceso que se ha ido expandiendo en la región y que refleja de nuevo esta debilidad, esta incapacidad del Estado de gobernar por otros medios en el territorio. Si vos lo pensás, el Estado probablemente más fuerte, con los mejores indicadores institucionales en la región, es el Estado chileno. Y el Estado chileno tiene, por ejemplo, en las provincias de de Arauco y de Biobío, en el Sur, un estado de excepción que viene siendo renovado desde 2022.
Eliezer: Ese estado de excepción se aplica en una zona marcada por un conflicto de larga data. Las demandas de comunidades mapuche por tierras ancestrales y mayor autonomía conviven con episodios de violencia, una fuerte presencia policial y militar, y acusaciones cruzadas entre distintos actores.
Juan Pablo: Entonces, uno lo que ve en la región es una expansión de herramientas que lo que hacen es suspender derechos constitucionales, ¿no? Y abrir espacio a la militarización. A, de nuevo, la suspensión de garantías. Lo que refleja, como vos planteabas, una incapacidad, yo diría estructural, de gobernar democráticamente el territorio. Y si uno mira cuál ha sido la tendencia en la región mi impresión, lamentablemente, es que es que esto es difícil de pensar que se vaya a revertir rápidamente, ¿no? Si vos miras, por ejemplo, lo que sucede hoy en la Amazonía, ¿no? En términos de la actividad criminal en Perú, en Ecuador, en Colombia, uno lo que ve ahí es una erosión completa del poder estatal y muy pocos indicios que te permitan ser optimista respecto a en qué medida, esos territorios pueden eventualmente ser gobernados por nuestros estados. Nunca lo fueron. Pero lo que hay es un boom de actividades económicas que atraen cada vez más gente que va en busca de oportunidad. Oportunidades que los mercados legales no le ofrecen y donde se generan espacios cada vez más amplios en los que los estados, no es que no estén presentes, pero no logran imponer las condiciones de constitucionalidad democrática. Y esto es, creo que es importante. No es que los estados no estén presentes. Mucho tiempo se pensaba que el crimen organizado ocupaba espacios donde el Estado no estaba o espacios que el Estado había abandonado. Y lo que hay que entender, y también es algo que es muy claro en el caso de Ecuador, que el Estado está, el Estado, los agentes del Estado están en lugares centrales de operación del crimen organizado, pero están funcionando en lógicas de colusión, en lógicas de infiltración que hacen que el régimen constitucional haya dejado de operar hace tiempo.
Eliezer: Claro, también pensaba, no necesariamente en la gente que vive en zonas azotadas por la inseguridad y la violencia, en la que tú estás ─me imagino─ dispuesto a cualquier cosa, para no tener el miedo a la muerte violenta todos los días. Pero pensaba mucho en los sectores que pueden comer todos los días, que tienen un plato de comida y que no tienen una terrible situación de inseguridad, más allá de que puedan ser víctimas de un robo, pero que estás en condiciones de poder pensar en algo más allá del miedo. Y también pensaba en la responsabilidad de de esa gente. En cómo determinados derechos a la inviolabilidad de tu casa en, determinadas garantías, hay gente que no las tiene en este momento amenazadas y que está de todos modos dispuesta a arriesgarla. Por miedo, supongo.
Juan Pablo: Sí, hay, en la región hay una expansión de mercados criminales. Hay una expansión, también de la violencia en muchos casos. Pero también lo que hay es una brecha creciente entre temperatura y sensación térmica en cuestiones de seguridad. Y esa brecha ha facilitado en muchos casos, que no tienen una situación como la de Ecuador hoy, la llegada de liderazgos de mano dura, de liderazgos que explotan electoralmente ese temor como una forma de llegar al Palacio Presidencial. Eso es algo que claramente también ha ambientado esta ola punitiva y de bukelización creciente de la región.
Eliezer: Y para ir cerrando, justo con esto a lo que tú te has referido en varias oportunidades que me parece tan importante y es incluir en el análisis el componente tecnológico, digamos, y la forma en la que se reproducen y consumimos determinados discursos y fenómenos sociales. El estado de excepción que acaban de declarar en Bolivia, por ejemplo, no tiene nada que ver con la inseguridad. Pero el Gobierno lo justificó diciendo que las protestas eran un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo, que es el mismo lenguaje que usa Noboa, que es el mismo lenguaje que usó Estados Unidos para operaciones en México, para bombardear lanchas en el Caribe, justo este mes antes de renovar el estado de excepción y declarar ese conflicto armado interno, Noboa estuvo algunos días en Washington para hablar de la lucha contra el crimen en el marco del Escudo de las Américas. En tu opinión, ¿el gobierno de Trump tiene interés real en incidir en términos de seguridad en los países de la región o solo es una especie de cáscara que brinda una narrativa y titulares de herramientas para que puedan hacer proselitismo para venderle algo a los votantes, pero que en realidad solo les interesa como paraguas para actuar libremente en función de sus intereses y después que cada cual se las arregle solo?
Juan Pablo: Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Es básicamente una narrativa que permite, eventualmente, ir por detrás de intereses más bien económicos en la región. Generar de nuevo esta alianza e intentar afirmar la hegemonía estadounidense en la región, en un contexto donde Estados Unidos ha perdido mucha tracción, en términos económicos, en América Latina. Si uno mira, por ejemplo, los indicadores de actividad económica y comercial, salvo en el caso de México, buena parte de los países de la región están comerciando más intensamente con China que con Estados Unidos. Entonces, hay tras esta retórica, tras estas iniciativas, también una necesidad de intentar recuperar la hegemonía en términos económicos.
Eliezer: Juan Pablo Ya para terminar, simplemente has dicho varias cosas, pero ¿crees que hay alguna lección que se puede sacar en el resto de América Latina sobre el caso ecuatoriano? ¿Algo como muy claro de este ejemplo?
Juan Pablo: Yo diría que el caso ecuatoriano es el mejor ejemplo en la región de que el modelo Bukele no viaja. Y no solo no viaja, sino que empeora las condiciones en contextos de países con un panorama criminal más complejo, más fragmentado, con política e instituciones también más fragmentadas. Básicamente, lo que lo que claramente muestra el caso de Ecuador es que es un modelo que funciona mucho más desde el marketing electoral que desde los resultados de política pública. Y creo que ahí hay una lección muy relevante para la región, para los liderazgos que están disputando eventualmente elecciones en la región y que funciona como, o debería funcionar como, una voz de alerta ante ante la tentación de satisfacer rápidamente la demanda ciudadana, sin entender que los problemas que la región hoy tiene en términos de su dinámica criminal, en términos del debilitamiento y la erosión de la capacidad estatal, requieren políticas de Estado en el largo plazo, requieren cooperación política entre distintos sectores y requieren persuadir a los electorados de que el punitivismo, las balas de plata, no rentan y terminan eventualmente empeorando la situación.
Eliezer: Juan Pablo Luna muchísimas gracias por hacerte un tiempo para hablar con nosotros.
Juan Pablo: Gracias a vos.
Daniela Cruzat: Este episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat. Lo editó Eliezer. Bruno Scelza hizo la verificación de datos. El diseño de sonido es de Elías González y la música es de él y Rémy Lozano.
El equipo de producción de El hilo está formado por Jesús Delgadillo, Samantha Proaño y Franklin Villavicencio, con el arte y diseño de Diego Corzo. El resto del equipo incluye a Natalia Ramírez, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, Elsa Liliana Ulloa, Silvia Viñas y Daniel Alarcón. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki.
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Transcript:
The following English translation was generated with the assistance of artificial intelligence and has been reviewed and edited by our team for accuracy and clarity.
Eliezer Budasoff: Hi. Before we begin, we want to remind you that today is the last day of our Deambulantes campaign — our membership drive. Thank you so much to everyone who has supported us. And to those who haven’t yet, there’s still time. We’re an independent, nonprofit outlet, and nearly a third of our operation depends on listeners like you. At a time when the internet is flooded with automated content, a publication like ours has more value than ever. This journalism exists because there are listeners who choose to sustain it. Every contribution you can make counts.
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Eliezer: Of all the displays of helplessness and empty promises that Latin American politics has to offer, perhaps none is as glaring as the one embodied today by Daniel Noboa, the president of Ecuador — a man who won reelection on a promise to end insecurity, and last year presided over the most violent year in the country’s history.
Noboa is one of the first politicians on the continent to deliberately copy the most visible elements of the Bukele model: he has governed under a near-permanent state of emergency, inaugurated a maximum-security prison modeled after El Salvador’s CECOT, deployed the military to patrol the streets, repeatedly vowed zero tolerance for criminals, and turned every measure into a marketing exercise — to the point where it has become difficult to tell whether any given action is a real policy or simply a publicity stunt.
Last week, a day after two teenagers assassinated the leader of a criminal gang at the airport in Guayaquil, the president of Ecuador declared the existence of an “internal armed conflict” for the second time. In this instance, Noboa is also proposing pardons and amnesties for security agents acting in defense of the state, and offering immunity to foreign military personnel who participate in operations against criminal groups. His response to violence, in essence, remains the same one that has failed so far: more violence.
This week we spoke with Juan Pablo Luna, a political scientist who has studied criminal structures across the continent, to understand why the Bukele formula — and hardline policies in general — fail so clearly in other Latin American countries. And why, despite mounting evidence of their counterproductive effects, they continue to be wielded as political rhetoric by leaders like Chile’s new president and Colombia’s incoming president.
Juan Pablo is a professor and Diamond Brown Chair in Democratic Studies at McGill University in Canada, and a researcher at the School of Government at the Pontificia Universidad Católica de Chile.
It is June 26, 2026.
Eliezer: Juan Pablo, we’d like to start with the most recent news. A few days ago, the president of Ecuador declared an internal armed conflict — a legal designation that classifies criminal organizations as terrorist groups and essentially authorizes the armed forces to operate within national territory, right? He already did this in 2024. This new decree again declares an internal armed conflict, but with three changes: The previous declaration included a list of more than twenty criminal bands — this one drops that list entirely. It now proposes pardons and amnesties for soldiers or agents who participate in this internal armed conflict. And the newest element is the explicit offer of immunity to foreign military personnel deployed in the country to carry out operations. On one level, all of this seems extremely serious. What the general message reads is: come and kill everyone, this war has no limits, there’s impunity for anyone who commits abuses, and so on. But in this day and age, it’s also very difficult to tell which measures represent a significant shift in the rules of the game and which ones are really just a publicity stunt. So first, we’d like to hear your read on this.
Juan Pablo Luna: The situation is indeed extremely serious — the announcement is extremely serious, and so is everything it implies. But as you say, it also reflects a pattern that has become a regional pattern, in which political leaders engage in this kind of communicational stridency — often as a way to conceal their inability to generate public policies that actually address the problems our countries face today. In that context, Ecuador finds itself in a vicious cycle that has become dominant at the regional level as well, and that in some ways reflects — perhaps in exaggerated form — what may be the clearest example of this regional situation: a scenario in which you have rising public concern about security, a growing security crisis, hardline responses, those responses generating a spiral of violence, and then political leaders doubling down with even more hardline measures. That dynamic has electoral foundations — in the face of violence, fear, and the desperation it generates, societies across the region support these kinds of measures. But at the same time, what we’re seeing in Ecuador is that those measures — with the very notable exception, if I may put it in quotation marks, of the Salvadoran case — in the rest of the region tend to further deteriorate the security situation, worsen crime, and accelerate the dissolution of state power.
The situation is indeed extremely serious in the sense that it enables the continuation of abuses and impunity. In 2024, Ecuador had a very high-profile case — the Las Malvinas case.
News archive, Anchor, Ecuavisa: On December 8, 2024, a military operation in Las Malvinas ended with the deaths of four minors.
News archive, Anchor, Ecuavisa: Ismael Arroyo, age 15; his brother Josué, age 14; Nehemías Arboleda, age 15; and Steven Medina, just 11 years old.
News archive, Reporter, France24: Whose charred remains were found on December 24.
Eliezer: This took place in the city of Guayaquil, months after President Daniel Noboa had first declared an internal armed conflict to confront criminal gangs. The case shook Ecuador and became one of the most significant challenges to the government’s security strategy. The investigation concluded it was a case of enforced disappearance, and 16 military personnel were convicted and sentenced to more than 34 years in prison. The ruling also ordered reparations for the victims’ families, including a public apology from the armed forces.
For Juan Pablo, the message is troubling: rather than strengthening accountability, the government is giving a green light for abuses of this kind to continue.
Juan Pablo: With the added dimension that foreign forces could now participate, right? And I think the other component of this situation — this announcement in Ecuador — has to do with the new geopolitics of the region, in the context of the Donald Trump administration in the United States. Where, on the one hand, you have the United States attempting to reassert its hegemony over its backyard. And at the same time, there’s a certain eagerness among the political leaders who have become dominant in the region to eventually please the United States and align themselves with it.
Eliezer: Juan Pablo recalls that last year, Ecuadorians rejected in a referendum the possibility of allowing U.S. military bases back in the country. Even so, the government’s announcement opens the door to a greater U.S. military presence in Ecuador — without the need to establish formal bases.
Eliezer: Now, we’re going to analyze several of the points you just raised. We start with the declaration of an internal armed conflict — not only because it’s the most recent development, but because we want to review with you the limited toolkit that Daniel Noboa’s government has been using to address the country’s crime problem. But before we go further, it would help us a lot if you could briefly sketch out the current situation in broad terms. What are the main actors in this conflict and the most important factors to keep in mind? We know that last year Ecuador closed with more than 9,000 murders and a homicide rate of around 51 per 100,000 inhabitants — the highest in its history — making it one of the most violent countries on the continent almost overnight. How does that picture look on the ground? Which regions or spaces are most affected by violence? How large is the economic or logistical power of the criminal groups, and to what extent do they now define collective life?
Juan Pablo Luna: I think we need to take a long-term view here to understand the factors behind what we’re seeing today. In terms of violence — particularly homicidal violence, which is what we measure, though it carries important biases — I mean, organized crime often generates other types of violence, operating in gray zones without producing the kind of homicidal violence we’re seeing today in Ecuador, which is now the most violent country in the region. In terms of where violence is concentrated, traditionally and historically in this case, violence tends to erupt primarily at ports and border areas. In that sense, the province of Guayas — home to Guayaquil and Durán, one of the most violent cities in the world — is highly relevant today. Esmeraldas, on the northern border with Colombia, has also been an epicenter of violence in Ecuador. But what has happened in recent years is that these criminal bands — these criminal actors — who have been fragmenting and expanding both territorially and in terms of their business portfolio, have begun to dispute territories and develop new criminal enterprises in other parts of the country. So if you go today to the provinces of Los Ríos or El Oro, what you find is a range of businesses tied to extortion, contract killings, and illegal mining — which is a constant throughout the Andean region and the Amazon. In particular, much of the Amazon is now being disputed by criminal groups, and that is also happening in Ecuador. What you have is, again, this epidemic of homicides that was initially concentrated in ports, border regions, and prisons — which are also significant as a traditional epicenter of violence. Today that is spreading into other areas of the economy, other parts of the country — where, for example, around the banana industry, there are large fortunes, local business owners who are being extorted, kidnapped, threatened through networks linked to contract killing. And there are other markets too, like illegal mining, which in many cases generates more wealth than drug trafficking in Latin America and in the Andean region in particular.
Eliezer: To understand this process a bit — because a few years ago one had this idea of, well, Guayaquil became one of the main ports for exporting cocaine to Europe and Africa, and so in a way a movement that already existed in Venezuela and Colombia shifted toward Ecuador. Those are international mafias with enormous economic power. So are those the structures that grow the criminal organizations and then expand inward? I know the process isn’t that linear, but just to understand it.
Juan Pablo Luna: It’s a really important point. I would say there are a series of conditions that serve as enabling factors for the position Ecuador occupies today in terms of the large-scale trafficking of cocaine — particularly toward Europe, Africa, and eventually toward North America. On the one hand, this has to do with dollarization in 2000, which, for example, facilitates money laundering operations. But fundamentally, it’s tied to the 2016 free trade agreement between Ecuador and the European Union, which triggered, for instance, an export boom from Ecuador to Europe — again, think of the banana market. Also, as you mentioned, in 2016, as a result of the Colombian peace process, a power vacuum emerged in northern Ecuador — in the border region, in Esmeraldas — following the demobilization of the FARC, who had controlled that territory. This created a corridor for cocaine produced in Colombia to transit through Ecuador toward its ports. In that context, a number of transnational organizations began operating out of Ecuadorian ports — the Jalisco New Generation Cartel, the Sinaloa Cartel, the Albanian mafia, and Balkan networks. With somewhat less presence and force, there are also mentions of the PCC, Comando Vermelho, and Tren de Aragua as organizations that have begun operating and using Ecuador as an export platform. So you have this set of political-economic conditions that have turned Ecuador into a highly significant export platform. Some sources estimate that 70% of the cocaine consumed in Europe today passes through Ecuadorian ports.
At the same time, the country has carried out a series of institutional reforms that have also fed and expanded the local criminal underworld. In Ecuador — as in much of the region — you had gray zones where organized crime, state actors, and political actors often operated around businesses that didn’t generate violence and allowed the development of criminal activities that yielded high returns through corruption. Until not long ago — and this is important to understand — Ecuador was one of the least violent countries in the region. What’s striking about Ecuador is how rapidly the violence escalated. So it’s not that organized crime didn’t exist in Ecuador before, and it’s not that politics and the state functioned well before Guayaquil consolidated itself as an export port and entered this global logistics chain.
If you look at some of the internal factors: in 2011, there was a prison system reform and a centralization of the justice system that led to the construction of mega-prisons, where large numbers of prisoners began to be concentrated in confined spaces. As elsewhere in the region, this has ended up being criminogenic — it has produced new criminal organizations with prison origins. In that context of high concentration, overcrowding, poor conditions, and institutional corruption in prison management, Los Choneros became the first gang to gain significant traction internally. At the same time, once you had local gangs like Los Choneros gaining ground in that prison environment, between 2018 and 2020 a series of successive reforms fragmented the administration of the prison system. Prisons began to be managed by agencies that didn’t communicate with each other and had their own dynamics of fragmented collusion and corruption. In that context, criminal organizations began competing and fragmenting — driven by disputes over territorial control within prisons, and eventually by territorial disputes tied to international organizations that began contracting local groups to carry out the logistics and operations of cocaine export.
Eliezer: The competition among these groups turned the prisons into battlegrounds for territorial control — a wave of violence that, in the years that followed, left hundreds dead inside the penitentiaries. Add to that the assassination of the Los Choneros leader in 2020, which unleashed an internal power struggle and accelerated the fragmentation of the gangs and organized crime in Ecuador.
Juan Pablo Luna: So what you have, on the one hand, is this consolidation of Ecuador as an export hub and as a destination that attracts major international organizations requiring local manpower. And on the other, the consolidation of prison-based gangs that are simultaneously fragmenting and escalating violence — inside the prisons and across the territory — through competition for territorial control and for a share of that export market.
Eliezer: There’s a specific detail about this picture that also appears in the news item we mentioned in the introduction.
Audio archive, Anchor, AFP: The leader of a criminal gang operating in Ecuador was shot and killed at the José Joaquín de Olmedo airport in Guayaquil. Interior Minister John Reinberg identified the deceased as Carlos Suástegui, the head of Los Águilas, the armed wing of the feared criminal group Los Choneros.
Eliezer: Last week, a man identified by authorities as the leader of a criminal gang was killed at the Guayaquil airport. The alleged perpetrators were two teenagers who smuggled weapons inside flowers and stuffed animals. Among the elements most widely noted in this crisis is a sharp rise in homicides involving children between the ages of ten and sixteen, as well as their recruitment by criminal bands. I recall that when we were analyzing forced recruitment by cartels in certain parts of Mexico, a researcher told us: this country didn’t have a thousand sicarios sitting around with their arms crossed, waiting for a territorial war between cartels so they could get involved — those structures have to be built. So I wonder whether this — the age factor, the fact that they’re so young, the extent to which they’re being recruited — is a regional phenomenon, or something specific to the criminal dynamics in Ecuador right now.
Juan Pablo Luna: I’d say it’s something we’re seeing across much of the region. Obviously, when you have organizations of this kind that are engaged in all-out territorial competition, they have greater incentives to recruit — sometimes by force, sometimes through grooming, including increasingly through social media — young people who end up as cannon fodder in these inter-organizational conflicts. But if you look at the region more broadly, what I’d say is that it’s a phenomenon that has been spreading, and it’s also tied to the educational crisis and the crisis of expectations that many young people across the region face today regarding the future and their ability to achieve the living conditions they aspire to. There’s also an important dimension tied to how identity is constructed and to masculinity in certain segments of the youth population. For example, looking at what we’re seeing in cases like Uruguay and Chile — which are far from Ecuador’s situation — young people are building their identity around things like owning a gun. Having a weapon in your neighborhood as a teenager is often a status symbol, a marker of identity and prestige. It’s something many young people aspire to today, and that creates conditions in which these gangs can recruit and activate them. There are also legal reasons: minors face shorter sentences and are processed through a juvenile justice system that differs from the adult system. Because of their age, they also tend to be more risk-prone and more violent. I’d say there’s a constellation of factors — some linked to what many argue has deepened in the post-pandemic period — that has left our societies with a large pool of young people available for recruitment by organizations of this type. But again, this also ties back to the educational crisis, the lack of economic horizons. We’re also seeing how young people, in different contexts and across different socioeconomic levels, are beginning to think about informal and illegal businesses — not necessarily tied to drug trafficking or these violent markets, but often leveraged through social media and tech platforms that allow them to structure visions of the future that formal education is no longer able to provide for a significant portion of Latin American youth.
Eliezer: We’ll take a short break and be right back.
Eliezer: We’re back on El hilo.
Eliezer: The project that brought Noboa to power, and what he has implemented to address Ecuador’s security crisis, looks like one of the most visible attempts to export the Bukele formula to another country. It shares several recognizable elements from the Bukele franchise — epic names for initiatives that nobody really understands: Plan Fénix, echoing Bukele’s Territorial Control Plan. The inauguration of a maximum-security prison modeled after CECOT. The rhetoric of total war — this year he launched “Operación Ofensiva Total.” The de facto establishment of a police-military state, and so on. By the results so far, it’s been a pretty clear failure. I recall that when we spoke with you at the time of Bukele’s reelection, to analyze the Bukele model, we came to understand clearly why — if you have criminal structures that are deeply embedded across the territory and highly hierarchical — you can achieve results by negotiating with the leadership. In Ecuador’s case, does the government not understand how the criminal structures operating in the country actually function? Does military intelligence, the police, the government’s advisors not know how they operate internally — are they too infiltrated by criminal groups? Or is it that if you accept any technically sound, more objective diagnosis, the answer is inevitably that there’s no easy solution, and that means having to implement measures that aren’t politically popular?
Juan Pablo Luna: I think it’s a bit of all of that. On one level, Ecuador is clearly a strong example of why it’s so difficult to export the Bukele model — in terms of security outcomes, and setting aside questions of democracy and civil rights.
Eliezer: Right, right — even looked at cynically. Absolutely.
Juan Pablo Luna: It’s clearly a case where you can see that the marketing and these silver-bullet strategies work very poorly, and end up generating more problems than the ones they set out to solve. I’d say that Ecuador not only illustrates and reflects the impossibility of exporting the Bukele model — so-called — it also revisits what happens when the state implements hardline policies like the ones Mexico adopted from 2006 onward under the Calderón administration.
Eliezer: The so-called war on drugs began in 2006 with the promise of reclaiming territorial control. In practice, what it did was fragment criminal groups, multiply violence, and spread the conflict to new regions. At the same time, reports of human rights violations surged, and cases of forced disappearances skyrocketed — becoming one of the deepest wounds left by Felipe Calderón’s strategy.
Juan Pablo Luna: What you’re seeing in Ecuador — in terms of how gang fragmentation driven by the decapitation of their leadership reproduces and escalates violence — is exactly what you saw in Mexico. The criminogenic effects of mass incarceration strategies are clearly visible in Ecuador’s case. Ecuador is like a laboratory of everything we know doesn’t work when it comes to public policy against organized crime. At the same time, what the Ecuadorian case shows is how political actors turn again and again to solutions that lack any technical consensus — solutions that those of us who study public policy know don’t work — because they still deliver electorally. And I’d say this is something that cuts across the region. Let me bring up Uruguay again. Uruguay recently went through an unprecedented process in the region of technical social dialogue, seeking to establish a set of state policies on the issue of public security. This produced a document called the National Public Security Plan. The problem is that many of those measures acknowledge there are no silver bullets — no single public policy solution — but rather a tentative set of interventions with outcomes that may not be known in advance, and that what needs to happen is to extend the time horizon of policy, so as to gradually work toward solutions to a problem that is very complex and that cannot be solved with a silver bullet. That plan — which has technical consensus, political agreement behind it, and involved a large portion of the civil society organizations working on these issues — is unviable in terms of electoral politics. And today in Uruguay, roughly half of Frente Amplio voters — the country’s left-wing coalition — count Bukele as one of their main regional leadership references.
Eliezer: This week, the Uruguayan government announced that armored military vehicles would be patrolling high-crime areas of Montevideo — a measure that contradicts the spirit of the National Public Security Plan, which recognizes that this type of intervention is not recommended because it can cause violence to escalate.
Juan Pablo Luna: So we are trapped in the region — and that is what Ecuador’s case illustrates very well — between electoral politics, short-term time horizons, and decomposing party systems where those who win elections don’t have much power or social traction, and who face this problem and can only resort — even knowing that it doesn’t work and that it’s going to blow up in their faces — to this rhetoric, this marketing, this punitive politics that ends up making the problem worse and that contributes, in significant measure, to dissolving state power and institutional capacity across the region.
Eliezer: I’m very interested in this point about how hardline policies, paradoxically, end up dissolving state power. You talk about what it means to hold real authority — and in Ecuador today you see armored vehicles and soldiers patrolling everywhere. The state appears to be deploying more force than ever, and yet the harder the measures get, the more jarring some acts of violence appear. It’s that spiral of violence you were describing.
Audio archive, Anchor, Ecuavisa: Five violent deaths were recorded in less than 12 hours in the canton of Lago Agrio, in the province of Sucumbíos.
Audio archive, Anchor, Ecuavisa: An attempted kidnapping ended with four people killed in Ventanas.
Audio archive, Anchor, Ecuavisa: The National Police identified the decapitated woman found on Cerro de Mapasingue Este.
Audio archive, Anchor, Ecuavisa: A 16-year-old girl died and six others were wounded in an armed attack that, according to police, was also carried out by two minors.
Eliezer: What does this gap between the image of control and the reality of violence actually mean? Why does the dominance of force — having state power and displaying your total willingness to use it against citizens — not generate authority?
Juan Pablo Luna: Well, there are several reasons. Some are historical. We have historically weak states marked by what we call patrimonialism — an administration deeply permeated by corruption and institutional fragility. And at the same time, what I feel has begun to happen in the region is that the expansion of these illegal markets — together with the emergence of tech platforms, which I mentioned earlier, that are generating economic activity the state can no longer regulate or control — has begun to produce a process of erosion of state power from below. It’s like a termite effect: the power these states had — already limited, already territorially uneven in terms of how far the state actually reached across the region — is being steadily hollowed out. You elect authorities, democracy produces leaders and institutions that occupy the state, but these state institutions have less and less traction in society. To give you a broader frame: we are very focused right now on phenomena like Milei or Elon Musk in the United States, where there is a project of dismantling the state from above, from the executive. But my sense is that if you look at, for example, the phenomenon of the voto mejorista in Argentina —
Eliezer: The voto mejorista refers to those who support a government because they believe their own economic situation can improve, regardless of ideological or partisan affiliation.
Juan Pablo Luna: — what you find are significant sectors of society that had already decided to opt out of the state, to get by without the state, to live outside of it. So I think what we’re experiencing has to do with a process of dissolution of state authority in Latin America. Let me give you two more examples. Across the region, police forces and law enforcement agencies are increasingly struggling to fill vacancies. We have states that are essentially running out of police officers. And that’s partly because young people today — the same young people who, in the past, might have chosen a career in law enforcement as a viable job option — are opting for other kinds of work. In Chile, there’s currently a debate over a bill put forward by the Kast government to charge VAT on sports betting houses. The problem is that sports betting houses are illegal under Chilean law. So you have states that can’t control the activity, can’t rein in something that has exploded across society — but they try to collect VAT to bring in some revenue.
In that context, I think what one sees regarding Ecuador — and Noboa in particular — is a president who makes announcements and deploys an ever more strident rhetorical strategy in terms of his communications.
Audio archive, Daniel Noboa, President of Ecuador: We live in a constant state of alert because the neighbor next to us is probably the enemy.
Audio archive, Daniel Noboa, President of Ecuador: We embody a new form of leadership — doing things differently, striking a thousand times in order to achieve our goals.
Juan Pablo Luna: But in many ways that reflects weakness more than strength. Because when those announcements reach the ground — when they have to be translated into actual policy — what you have are institutions that are increasingly weak relative to the non-state actors that are competing with them for real power in society. Actors who are simultaneously infiltrated by criminal organizations, who are caught up in sectoral disputes, and who have very little capacity for coordination across agencies. And who, at the same time, are answerable to political interests that are also increasingly fragmented and less capable of imposing conditions on reality.
Eliezer: One final break and we’ll be back.
Eliezer: We’re back on El hilo.
Eliezer: In addition to the internal armed conflict designation we started discussing in this episode, Noboa has reached for another preferred tool from the Bukele franchise: the state of emergency. That ties in a bit to what you were just saying. In Ecuador’s case, it suspends basic guarantees — like the right not to have your home searched without a court order. Noboa has renewed it more than twenty times in an almost unbroken stretch since he came to power. He essentially governs under a permanent state of emergency. Just a few days ago, Bolivia’s president, Rodrigo Paz, declared a state of emergency to break up the road blockades that peasant unions have been holding for more than fifty days. And other countries in the region have also used it in the past year, some more selectively. But some — like El Salvador or Ecuador — have made it the norm. The fact that it’s become so routine raises the idea of a kind of state withdrawal — as if the possibility of building other paths for certain sectors of society were being abandoned faster and faster. A bit like what you were describing in Uruguay. Do you think we’re witnessing a kind of de facto transformation of certain state functions? That some guarantees and rights no longer carry real meaning for large parts of some societies? Or is this also a situational phenomenon that could be part of a cycle?
Juan Pablo Luna: I tend to think it’s a process that has been expanding across the region, and that again reflects this weakness — this inability of the state to govern by other means in the territory. If you think about it, the state that is probably the strongest and has the best institutional indicators in the region is the Chilean state. And the Chilean state has, for example, in the provinces of Arauco and Biobío in the south, a state of emergency that has been continuously renewed since 2022.
Eliezer: That state of emergency applies to an area shaped by a long-standing conflict. The demands of Mapuche communities for ancestral lands and greater autonomy coexist with episodes of violence, a heavy police and military presence, and competing accusations among various actors.
Juan Pablo Luna: So what you see across the region is the expansion of tools whose effect is to suspend constitutional rights and open space for militarization — again, the suspension of guarantees. Which reflects, as you were suggesting, what I would call a structural incapacity to govern the territory democratically. And if you look at the trend in the region, my sense, unfortunately, is that this is hard to imagine reversing quickly. If you look at what’s happening today in the Amazon, for example — in terms of criminal activity in Peru, Ecuador, Colombia — what you see is a complete erosion of state power, and very few signs that would allow you to be optimistic about how far those territories could eventually be governed by our states. They never were. But what you have is a boom in economic activity that is drawing more and more people in search of opportunity — opportunities that legal markets aren’t offering — and creating ever-broader spaces in which states are not absent, but fail to impose the conditions of democratic constitutionality. And I think that’s important. It’s not that the states aren’t present. For a long time, the prevailing view was that organized crime filled spaces where the state wasn’t present, or had abandoned. What we need to understand — and this is also very clear in Ecuador’s case — is that the state is there, state agents are present in central nodes of organized criminal activity, but they’re operating according to a logic of collusion and infiltration that means constitutional rule has long since ceased to function.
Eliezer: Right. I was also thinking — not necessarily about people living in areas ravaged by insecurity and violence, where I imagine you’d be willing to accept almost anything just to escape the daily fear of violent death. But I was thinking a lot about sectors of society that can eat every day, that have food on the table and don’t face a terrible security situation — beyond possibly being victims of a robbery — but who are in a position to think about something beyond fear. And I was also thinking about the responsibility of those people. How certain rights — the inviolability of your home, certain guarantees — are held by people who don’t currently feel those rights threatened, and who are still willing to put them at risk. Out of fear, I suppose.
Juan Pablo Luna: Yes. Across the region there is an expansion of criminal markets, and in many cases an expansion of violence. But there’s also a growing gap between actual temperature and perceived temperature when it comes to security. And that gap has facilitated, in many contexts that don’t have a situation like Ecuador’s today, the rise of hardline leaders who exploit that fear electorally as a path to the presidential palace. That dynamic has clearly also fueled this punitive wave and the growing Bukelization of the region.
Eliezer: And to close, along the lines of what you’ve referred to several times — which I think is so important — and that’s including the technological dimension in the analysis: the way certain discourses and social phenomena are reproduced and consumed. The state of emergency just declared in Bolivia, for example, has nothing to do with insecurity. But the government justified it by claiming the protests were a coup attempt driven by narco-terrorism — which is the same language Noboa uses, the same language the United States used to justify operations in Mexico, to bomb boats in the Caribbean. Just this month, right before renewing the state of emergency and declaring that internal armed conflict, Noboa spent a few days in Washington to discuss the fight against crime under the framework of the Shield of the Americas. In your view, does the Trump administration have a genuine interest in shaping security outcomes in countries across the region — or is it more like a hollow shell that provides a narrative and headlines, tools that politicians can use for electoral purposes, but where the U.S. is really only interested in it as an umbrella to act freely in pursuit of its own interests, and then each country is left to fend for itself?
Juan Pablo Luna: I think it’s more the latter than the former. It’s essentially a narrative that allows the U.S. to pursue what are ultimately economic interests in the region. To rebuild this alliance and attempt to reassert U.S. hegemony in a context where the United States has lost considerable economic traction in Latin America. If you look at indicators of economic activity and trade — with the exception of Mexico — most countries in the region are now trading more intensively with China than with the United States. So behind this rhetoric, behind these initiatives, there is also an urgent need to try to recover hegemony in economic terms.
Eliezer: Juan Pablo, before we wrap up — you’ve touched on a lot of things, but do you think there’s one lesson the rest of Latin America can draw from Ecuador’s case? Something very clear from this example?
Juan Pablo Luna: I would say that Ecuador is the clearest example in the region that the Bukele model doesn’t travel. And not only does it not travel — it actually makes things worse in contexts with more complex, more fragmented criminal landscapes, and with more fragmented political institutions. Essentially, what Ecuador’s case clearly shows is that this is a model that works far better as electoral marketing than as actual public policy. And I think there’s a very relevant lesson there for the region — for the leaders who are competing in elections across Latin America — and it should serve as a warning against the temptation to quickly satisfy citizens’ demands without understanding that the problems the region faces today, in terms of its criminal dynamics and the weakening and erosion of state capacity, require long-term state policies, political cooperation across different sectors, and persuading electorates that punitiveness and silver bullets don’t pay off — and ultimately end up making the situation worse.
Eliezer: Juan Pablo Luna, thank you so very much for making time to speak with us.
Juan Pablo Luna: Thank you.
Daniela Cruzat: This episode was produced by me, Daniela Cruzat. It was edited by Eliezer. Bruno Scelza handled fact-checking. Sound design is by Elías González, and the music is by him and Rémy Lozano.
The El hilo production team is made up of Jesús Delgadillo, Samantha Proaño, and Franklin Villavicencio, with art and design by Diego Corzo. The rest of the team includes Natalia Ramírez, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, Elsa Liliana Ulloa, Silvia Viñas, and Daniel Alarcón. Carolina Guerrero is the CEO of Radio Ambulante Studios. Our theme music was composed by Pauchi Sasaki.
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