Transcripción:

Elías González: Este episodio tiene escenas fuertes y puede no ser apto para todos los oyentes.

 

Eliezer Budasoff: Ignacio, la semana pasada un tribunal federal de Estados Unidos declaró a Chiquita responsable de financiar a los paramilitares en Colombia. 

 

Audio archivo, periodista: Un jurado de West Palm Beach encontró que la compañía financió a las AUC. 

 

Audio archivo, presentadora: Las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. 

 

Audio archivo, presentadora: Entre 1997 y 2004. 

 

Audio archivo, presentador: La compañía deberá indemnizar a demandantes y familiares de las víctimas con más de 38 millones de dólares. 

 

Eliezer: ¿Podrías comenzar explicándonos qué es Chiquita?

 

Ignacio: Chiquita es la misma United Fruit Company, UFCO. 

 

Silvia Viñas: Él es Ignacio Gómez, periodista colombiano. Lleva más de 25 años investigando a Chiquita en Colombia. 

 

Eliezer: Hablamos con él mientras estaba en la redacción de Noticias Uno, el noticiero que dirige. Por eso tal vez van a escuchar algo de ruido de fondo. El típico de una redacción.

 

Silvia: Entonces, como decía Ignacio, Chiquita nació como la United Fruit Company (UFCO). Eso fue en 1899. Su trabajo, básicamente, es llevar bananas desde los países tropicales hacia todo el mundo. 

 

Eliezer: Pero rápidamente se volvió claro que el negocio no se trataba solo del comercio de fruta. La empresa tuvo muchísimo impacto en la economía de varios países de la región.

Ignacio: Tiene un lugar en la historia de toda América Latina por sus historias de manipulación política que prácticamente se remontan al siglo 19, cuando se hizo dueño de prácticamente toda la tierra cultivable de Costa Rica. 

 

Eliezer: También se hicieron dueños de tierras en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y gran parte de Guatemala. 

 

Ignacio: Y más tarde, a través de manipulaciones, obtuvo el monopolio bananero que sacó del mercado a la mayoría de naciones del Caribe y quebró sus economías bananeras. 

 

Silvia: Ignacio dijo “manipulación política” porque Chiquita ha ayudado a sacar y poner gobiernos e incluso estuvo vinculada en golpes de Estado. El primero fue en Honduras en 1912. La empresa financió al exiliado expresidente Manuel Bonilla para que tomara militarmente varias zonas. Bonilla regresó a la presidencia y le devolvió la mano a la bananera, dándole 10 mil hectáreas de tierra. 

 

Eliezer: Pero la intervención más conocida y documentada de Chiquita ha sido en Guatemala. En 1954, la empresa bananera presionó al gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas contra el presidente Jacobo Arbenz. Decía que su gobierno era comunista y que representaba una amenaza para los intereses estadounidenses en la región. En realidad, su proyecto de reforma agraria amenazaba los intereses de la compañía bananera. Ese mismo año, en colaboración con Chiquita, la CIA orquestó un golpe de Estado contra Arbenz.

 

Silvia: Y parte del pasado oscuro de Chiquita en la región, del que les vamos a contar hoy, tiene que ver con masacres. La primera fue en 1928. La empresa jugó un papel importante en una huelga de trabajadores bananeros en Colombia que terminó en lo que se conoce como la masacre de las bananeras. Tal vez les suena algo de esto… porque Gabriel García Márquez la incluyó en Cien Años de Soledad.

 

Ignacio: Es una especie de trauma histórico en Colombia. Y cuando volvieron a suceder masacres bananeras pues era obvio que la empresa que estaba detrás de estas era la misma y que nos íbamos a encontrar frente a una situación muy similar. Pero era difícil encontrar las evidencias. 

 

Eliezer: Estas otras masacres a las que se refiere Ignacio fueron a finales de los 80 en Colombia. Una en Punta Coquitos, que queda al noroeste del país. Y la otra en las fincas Honduras y La Negra. Murieron decenas de campesinos. En ambas estuvieron involucrados paramilitares.

 

Silvia: Pero las muertes no terminaron ahí. Y el veredicto del tribunal de Estados Unidos del pasado 10 de junio es la culminación de solo uno de cientos de casos que enfrenta Chiquita.

 

Ignacio: Es decir, es una empresa que tiene una larga historia de manipulación y de aprovechamiento político de su poder en todo el continente.

 

Eliezer: Bienvenidos a El hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Eliezer Budasoff. 

 

 

Silvia: Y yo soy Silvia Viñas.

 

El triunfo de las víctimas en el juicio contra Chiquita sienta un precedente para otras demandas similares en América Latina. 

 

Hoy: el caso de Chiquita y el poder de empresas multinacionales que imponen su codicia por encima de las leyes y la vida de un país extranjero.  

 

Es 21 de junio de 2024.

 

Eliezer: Ignacio empezó a investigar a Chiquita a finales de los noventa. Pero, como decía hace un rato, era difícil encontrar evidencias. 

 

Silvia: Ya tenía sospechas sobre el vínculo de la empresa con paramilitares, pero la primera gran pista le llegó por el trabajo de un periódico local de Cincinnati, la ciudad donde Chiquita tenía su oficina principal en esos años. El periodista de investigación Mike Gallagher del periódico Cincinnati Enquirer…

Ignacio: Había, por decirlo así, interceptado los mensajes del correo telefónico del cuartel general de Chiquita en Cincinnati. Y dentro de muchas conversaciones, bueno, encontró un soborno en Colombia. Investigando ese soborno, fue que yo empecé a meterme en el tema en 1998.

 

Eliezer: Ignacio encontró que Chiquita le pagó cien mil dólares a funcionarios del gobierno de Ernesto Samper. Y, como beneficio, el gobierno de Samper le dio a Chiquita una zona franca especial aduanera. En esa zona franca la compañía tenía un puerto privado, y a través de ese puerto entraron miles de fusiles. Ignacio investigó el recorrido de esos cargamentos de armas. Todos para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha.

 

Ignacio: Eran AK 47 provenientes de la chatarra de guerra, por decirlo así, que suponía que los iba a entregar o a vender a coleccionistas. En realidad, se trataba de un cargamento para Carlos Castaño. 

 

Silvia: Un paramilitar que, en ese momento, era el máximo comandante de las Autodefensas Unidas. 

 

Ignacio: Las armas habían sido descargadas y guardadas en el puerto de Chiquita para ser entregadas a Castaño.

 

Eliezer: ¿Qué impacto tuvo ese ingreso de armas en esa zona de Colombia o en el resto del país?

 

Ignacio: Este es el momento de mayor expansión de los paramilitares. Hay masacres. Masacres inducidas con técnicas de terror. Es decir, la idea era martirizar a las personas en público para generar terror y desocupar las tierras. 

 

Silvia: Chiquita estaba tratando de expandirse en zonas de Colombia afectadas por el conflicto armado. Y podría haber acudido al ejército o a la policía, pero la empresa decidió aliarse a paramilitares para repeler la presencia de las FARC en estos territorios. En las zonas bananeras, esto le permitió a Chiquita expandir sus operaciones y comprar tierras a precios muy bajos.

 

Ignacio: Y en el caso de otras zonas del país para que los paramilitares asumieran rentas legales o ilegales. 

 

Eliezer: Los paramilitares usaron esas armas para apropiarse de la explotación ilegal de oro y de la producción de pasta y hoja de coca. Según las investigaciones colombianas, estas armas recorrieron todo el país. Llegaron tan lejos que al menos tres bloques de las Autodefensas tuvieron acceso a ellas. Es decir, que este grupo asesinó personas en casi toda Colombia usando estos fusiles.    

 

Silvia: Varias víctimas eran sindicalistas. Estos paramilitares tenían la orden de prohibir que los obreros hicieran paros, porque algunos duraban meses y afectaban a la economía bananera. Y para este grupo paramilitar anticomunista, también era una forma de atacar a guerrilleros.

 

Ignacio: Por un lado, había una infiltración de la guerrilla muy importante dentro de los sindicatos. Y por el otro lado, comenzó la pelea a matar dirigentes sindicales. Es decir, la negociación sindical se presionaba también con este tipo de organizaciones paramilitares.

 

Eliezer: Entonces, el acuerdo entre Chiquita y los paramilitares iba mucho más allá de ingresar armas a cambio de todo esto que acabamos de contar. El caso que llegó a un veredicto la semana pasada reveló que la compañía bananera financió a los paramilitares por siete años. Desde 1997 hasta 2004. 

 

Ignacio: Les daba dinero en masa. Y según las investigaciones colombianas de los Tribunales de Justicia y Paz, cada miembro de los paramilitares recibía sueldo como obrero bananero. 

 

Silvia: O sea, Chiquita pagaba la nómina de los paramilitares. Y ese dinero lo usaron para cometer las masacres que hemos mencionado… y asesinatos, extorsiones, torturas, desapariciones, secuestros, y otros tantos crímenes de guerra relacionados con el conflicto armado en Colombia. 

 

Eliezer: Los detalles de la brutalidad de los crímenes son muy fuertes. Hablamos con Raquel Sena. Tiene 67 años y vive en una ciudad de la subregión del Urabá, una zona en la que funcionaba la bananera. Trabajaba en una finca de Chiquita y su esposo, Fidel Hernández, tenía una finca de banano con otros socios. Vivieron juntos 18 años.

 

Raquel: Y vivíamos con los cuatro hijos aquí en la casa. Y entre los dos pagábamos los servicios, lo que hacíamos. Todo era compartido, la hacíamos los dos.

 

Silvia: Raquel nos contó que un día un paramilitar le quiso comprar las tierras a Fidel. 

 

Raquel: Necesitaban comprar la finca. Él no quería vender esa finca, no la quería vender. Los otros compañeros sí vendieron. Él no quería vender, no quería vender. Le decía que vendía, le dijo que no quería vender, no quería vender. Y él aparece muerto.

 

Silvia: Lo mataron a balazos en noviembre de 2003. 

 

Raquel: No me he casado más, me quedé sola porque ¿para qué? Para tener vida mejor, como él, no me lo voy a encontrar otra persona porque él era muy serio, él nos ayudaba mucho, él, él daba todo por nosotros. Entonces yo digo que me quedé sola, que con Diosito y los nietecitos que tengo acá, la niña que tengo acá, que vive conmigo. Que Dios los descanse en paz y que lo tenga Diosito allá en su santo reino descansando en paz.

 

Eliezer: En el juicio en Estados Unidos el jurado escuchó otras historias sobre las víctimas de los paramilitares. Como la de un hombre que trabajaba en una plantación bananera. Los paramilitares lo mataron a golpes, lanzaron su cuerpo al lado de la carretera y luego su cuñada y su hija desaparecieron.

 

Silvia: Y la periodista colombiana María Jimena Duzán habló la semana pasada con víctimas que ganaron este juicio contra Chiquita. Una le contó cómo su hijo trató de advertirle a una señora que los paramilitares iban a quemar su casa, pero la mujer no la quiso abandonar, y murió. Esta señora era viuda. A su esposo ya lo habían matado. Otra, le contó cómo paramilitares asesinaron a sus padres frente a ella cuando tenía unos 10 años. 

 

Eliezer: Investigaste una red muy complicada de criminalidad y violencia. ¿Qué consecuencias tuvo para tu seguridad?

 

Ignacio: Pues, digamos que en los 90 yo estaba investigando ese y otros casos de los paramilitares y significó una amenaza inminente contra mi vida que me fue notificada por el director de Seguridad de la Policía y luego vicepresidente, Óscar Naranjo, diciéndome que las condiciones no estaban dadas para que la policía me protegiera la vida en Colombia.

 

Eliezer: ¿Tuvo efectos para otros periodistas también?

 

Ignacio: Tuvo efecto para por lo menos cuatro o cinco periodistas. Digamos que la crisis en ese momento se vivía alrededor del secuestro y afortunada liberación de Jineth Bedoya.

 

Silvia: Una colega de Ignacio en el diario El Espectador que también investigaba a los paramilitares. El secuestro duró unas 10 horas. La torturaron y la violaron. Los paramilitares le dijeron a Bedoya que ese era un mensaje para el periodismo en Colombia.

 

Eliezer: Aunque esto significó el exilio para Ignacio, eso no lo detuvo de seguir investigando. Y además, los familiares de las víctimas empezaron a pedir justicia. 

 

Después de la pausa, cómo llegamos al fallo histórico del 10 de junio. 

 

Silvia: Ya volvemos. 

 

Elías González: Hola ¿sabías que El hilo tiene un boletín? Se trata de un newsletter que te lleva a nuestro último episodio y también te da información extra con artículos y videos para profundizar el tema. Además, hay una selección de historias por si te perdiste las noticias de la semana, y una recomendación especial del equipo. Si aún no lo recibes puedes registrarte en el hilo (punto) audio (slash) boletín para que te llegue el correo cada viernes. También puedes hacerlo desde los enlaces en nuestras redes sociales. Nos encuentras como (arroba) el hilo podcast en Instagram, X, Threads y Facebook. ¡Muchas gracias!

 

Silvia: Estamos de vuelta en El hilo. 

 

Eliezer: Antes de pasar a la condena de Estados Unidos de la semana pasada, ¿otros países han investigado a Chiquita, qué ha pasado con eso?

 

Ignacio: Pues, ninguna conducta de Chiquita ha sido formalmente investigada como acto criminal en América Latina.

 

Silvia: En Colombia, por ejemplo, hay un proceso penal contra 10 exdirectivos de Banadex, una de las filiales de Chiquita en el país. La Fiscalía General los está acusando de lo que en términos legales se llama “concierto para delinquir”, o sea, asociarse para cometer delitos. Pero esta investigación no está ni cerca de llegar a una conclusión.

 

Ignacio: Por negligencia manifiesta de por lo menos los dos últimos fiscales. O sea, hace nueve años el fiscal antecesor pudo formalizar una imputación penal y llamar a juicio in absentia al presidente de Banadex y a otros ejecutivos de Chiquita, junto con funcionarios colombianos. Y el siguiente fiscal nunca le ha dado impulso a esas investigaciones. Hoy en día están al borde de la prescripción.

 

Eliezer: Donde sí han avanzado las investigaciones es en Estados Unidos… Y el proceso para llegar al veredicto del 10 de junio ha sido largo.

 

Ignacio: Yo el caso lo venía siguiendo desde 2007. 

Silvia: Ese año es clave. En 2007, hubo un primer litigio en el que Chiquita aceptó ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia. 

 

Eliezer: En 2001 Estados Unidos había designado a estos paramilitares como un grupo terrorista. Eso convirtió en un crimen federal que Chiquita le diera dinero a las Autodefensas. Y, años después, la compañía reveló de manera voluntaria que había hecho unos pagos al grupo. Eso abrió la investigación en Estados Unidos. 

 

Ignacio: Chiquita reconoce cargos criminales por financiación del terrorismo y paga 25 millones de dólares como multa. 

 

Eliezer: Y aunque este dinero no fue a parar a manos de ninguna de las víctimas, ese fallo fue el punto de partida para lo que pasó este año. 

 

Ignacio: Entonces, este reconocimiento de la comisión de una conducta criminal ya significaba que el camino estaba dado para las víctimas, pues las víctimas de esa organización terrorista debían ser automáticamente reparadas por Chiquita. 

 

Silvia: Pero para eso tuvieron que pasar 17 años. 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a Chiquita que abandonara sus operaciones en Colombia y en 2004 dejó de operar bajo su nombre, pero pasó a hacerlo a través de compañías que funcionan como filiales. Por ejemplo, en 2014 Chiquita se fusionó con otra multinacional, con sede en Irlanda, para distribuir la cosecha. Entonces, al no tener sede en el país, denunciar a Chiquita dentro de Colombia se volvió inútil. 

 

Ignacio: Es decir, no había a quién denunciar como financiador de esas masacres. El paso lógico era que la sede de la empresa era en Estados Unidos y que debería ser demandada mediante una prohibición que le llaman Alien Tort, como actos ilegales en el extranjero que le permite a víctimas del exterior demandar en Estados Unidos por negligencia de las corporaciones. Y este fue el tipo de acción que empezó prácticamente desde el principio.

 

Se presentaron reclamos de víctimas con motivo de la condena de 2007 en New Jersey, en Nueva York, en Washington, en Maryland y en Florida. Y muchos de ellos han sido objeto de apelaciones. Finalmente, una tercera apelación de este grupo de víctimas, que son 106, logra que la Corte de Apelaciones le pida al juez Marra que abra el caso y él abre un caso tipo. Es decir, de esas 106 víctimas escogen entre las partes a nueve para probar cómo va a funcionar el caso.. Y esa es la decisión que se produjo el lunes de la semana pasada.

 

Eliezer: El 10 de junio, el juez Keneth Marra declaró a Chiquita responsable de ocho de las nueve muertes que eran parte del caso. También ordenó a la empresa indemnizar a los familiares de las víctimas con 38,3 millones de dólares. 

 

Ignacio: Yo creo que es un fallo histórico. Esta es la primera vez que una multinacional y concretamente Chiquita es llamada a rendir cuentas luego de casi siglo y medio, casi dos siglos de expoliación y abusos de poder en todo el Caribe y Colombia y Centroamérica.

 

Silvia: El caso de Chiquita también abre las puertas para que otras empresas acusadas de haber financiado a paramilitares tengan que enfrentar a la justicia. La minera Drummond, por ejemplo, ya ha pasado por dos procesos legales en Estados Unidos. Ninguno fue fructífero, pero en enero de este año Colombia dijo que llamará a juicio a más de 70 empresarios de la minera. 

 

Eliezer: También está el caso de Coca Cola, acusada de mantener presuntos vínculos con grupos paramilitares con el fin de reprimir a sindicalistas. Esta denuncia tampoco llegó a nada en Estados Unidos y fue archivada en 2009. 

 

Silvia: Durante todo el juicio a Chiquita, la empresa argumentó que fue víctima de extorsión, y que se vio obligada a pagarle a los paramilitares para proteger a su personal y sus instalaciones. Después del fallo, Chiquita dijo que apelará la decisión del juez.

 

Eliezer: Ignacio, esta condena tú me explicabas que se refiere a nueve casos modelo ¿no? Pero hay muchísimas más víctimas, miles. ¿Qué pasa con ellos?

 

Ignacio: Digamos que cada caso se va a revisar por aparte, pero de estos primeros casos en la corte del juez Marra hay 106 ya acreditados como víctimas. Toca verificar que sus circunstancias sean muy parecidas a las de los ya sentenciados. Y una sola oficina de abogados tiene 4900 poderes de víctimas. 

 

Eliezer:  Después de años de investigación, entiendo que son casi tres décadas. ¿Qué significa para ti que la justicia estadounidense le dé razón a estas familias?

 

Ignacio: Para mí significa mucho. Significa como el cumplimiento de un deber profesional. Yo empecé a investigar este caso en El Espectador, que como ustedes saben, era también el periódico de Gabriel García Márquez. Entonces yo tenía como una especie de El fantasma de Gabo diciendo “quiubo hermano, haga esa vaina”. Y eso me impulsó a hacerlo. Y pues de que haya resultado este fallo. Yo creo que el mismo Gabo, allá donde esté, debe estar celebrándolo. Él estaba pidiéndolo en 100 años de soledad.

 

Eliezer: Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo.

 

Ignacio: Vale, es un placer estar con ustedes.

 

Mariana Zúñiga: Este episodio fue producido por Nausícaa Palomeque y por mí, Mariana Zúñiga. Fue editado por Silvia y Eliezer. Bruno Scelza hizo la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González. 

 

Queremos agradecer a la organización Forjando Futuro por su ayuda en este episodio. 

 

El resto del equipo de El hilo incluye a Daniela Cruzat, Analía Llorente, Paola Alean, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. 

 

El hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que El hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias.

 

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