Transcripción:

Elías González: Este episodio tiene escenas fuertes y puede no ser apto para todos los oyentes. 

 

Eliezer Budasoff: Ecuador llega este domingo a las urnas en medio de un conflicto armado interno donde una persona es asesinada cada hora. Y el presidente Daniel Noboa, que ha impulsado una política de mano dura cuestionada, busca la reelección. 

 

Silvia Viñas: La campaña electoral arrancó justo después de que se reportara uno de los eventos más trágicos de la historia reciente del país. 

 

Audio de archivo, periodista: Hay conmoción a nivel nacional, pero en especial en la ciudad de Guayaquil por el desaparecimiento de cuatro menores de edad. 

 

Audio de archivo, periodista: Un operativo militar se instaló cerca de un centro comercial al sur de la ciudad. En medio de un procedimiento que aún no ha sido aclarado, los militares se habrían llevado a los cuatro menores a una hora de Guayaquil, según la investigación policial.

 

Eliezer: La noche del 8 de diciembre del año pasado, Steven Medina, Nehemías Arboleda y Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por 16 militares. Salían de un entrenamiento de fútbol. 

 

Audio de archivo, periodista: Desde el gobierno culparon a grupos criminales y aunque dijeron no estar implicados en los hechos, conformaron un tribunal de disciplina para determinar las responsabilidades dentro de las leyes militares. 

 

Silvia: Desde los primeros meses de su gobierno, el presidente-candidato, como le dicen a Noboa, ordenó que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares para, en sus palabras, enfrentar la “ola de criminalidad” y neutralizar a los grupos criminales. La gestión de Noboa de un año y medio se ha visto empañada por denuncias de violaciones a derechos humanos. Y uno de los casos que ha causado más conmoción por la brutalidad ha sido este, el de los chicos detenidos por militares. En Ecuador se refieren a este caso como Los cuatro de Guayaquil, o el caso Las Malvinas, por el barrio donde pasó todo.  

 

Audio de archivo, periodista: Es una de las zonas más conflictivas del sur del puerto principal. En el último callejón de las Malvinas, junto al Estero Salado, sur de Guayaquil, están las casas de los cuatro menores desaparecidos desde el 8 de diciembre.

 

Eliezer: Estos cuatro amigos, además de su pasión por el deporte, tenían en común que eran afroecuatorianos, de familias empobrecidas y vivían en la periferia de Guayaquil. La ciudad, que es epicentro de la economía ecuatoriana, hoy también es una de las más violentas del mundo.

 

Silvia: El 31 de diciembre se confirmó que los cuatro chicos fueron torturados, asesinados y calcinados.

 

Audio de archivo, presentador: En Ecuador, la Fiscalía confirmó que cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil. Al tiempo que 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron enviados a prisión preventiva, investigados por la presunta desaparición forzosa de los menores.

 

Silvia: Bienvenidos a El hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Yo soy Silvia Viñas. 

 

Eliezer: Y yo soy Eliezer Budasoff. 

 

Hoy, qué nos dice el caso de los cuatro de Guayaquil sobre la política de mano dura en Ecuador. Y cuáles son los desafíos de seguridad y derechos humanos que enfrentará quien gane las elecciones presidenciales.

 

Es 11 de abril de 2025. 

 

Silvia: Este martes 8 de abril se cumplieron cuatro meses de la desaparición forzada de Los 4 de Guayaquil. Este período ha estado marcado, por un lado, por la búsqueda de justicia y no impunidad de sus familias. Y, por el otro, por las promesas de campaña de los candidatos a la presidencia que se votará este domingo. 

 

Nuestra productora Desirée Yépez nos explica cómo el debate en torno a los derechos humanos ganó protagonismo en este proceso electoral.  

 

Desirée Yépez: Primero necesitamos contexto. El día a día en Ecuador está marcado por el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias y los muertos que se cuentan por miles. Esto no siempre fue así, y como ecuatoriana puedo decir que los datos son escalofriantes. 

 

Por ejemplo, la tasa de homicidios de 2023 de este país de casi 18 millones de habitantes superó a la de lugares históricamente violentos como Honduras, México y Colombia.  

 

A finales de ese año, Daniel Noboa asumió la presidencia de forma inesperada,  luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso convocara a elecciones anticipadas. Ya lo hemos explicado en episodios anteriores, pero recordemos que Noboa, un empresario sin mucha experiencia política, ganó el apoyo popular con un discurso de mano dura y militarización para cumplir un mandato de un año y medio.

 

Este 2025 Noboa es candidato a la presidencia al mismo tiempo que gobierna y está compitiendo contra Luisa Gonzalez que, por segunda vez, intentará vencerlo. Ella representa al partido del ex presidente Rafael Correa. 

 

Uno de los principales logros que el oficialismo se atribuye es la efectividad del plan Fénix, una estrategia de seguridad sobre la que no existe información pública. Y aseguran que ha sido clave para devolverle la calma a los ecuatorianos. 

Juana Francis Bone: Esta militarización se logró. Okay, estamos militarizados. Pero lo que hemos tenido con la militarización es como la puesta en escena de toda la crueldad y el horror que no deberíamos estar viendo. Y también nos nacen muchas preguntas: ¿Quiénes son dignos de seguridad? ¿Qué cuerpos merecen estar seguros en el Estado ecuatoriano? ¿A quién responde el Estado? ¿A qué ciudadano, no?

 

Desirée: Ella es Juana Francis Bone, de la organización Mujeres de Asfalto. Trabajan temas de derechos humanos con mujeres e infancias. Quise hablar con ella porque además vive en Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador. Esta es una de las zonas más empobrecidas y violentas del país. Ahí está el 70% de la población afroecuatoriana.  

 

Desde su experiencia como investigadora y activista, Juana ha visto cómo el proyecto de seguridad que rige en el país se ha transformado en una amenaza para las personas racializadas, empobrecidas y que viven en las periferias, precisamente como lo eran Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo. 

 

Juana Francis Bone: Lo que sucede en diciembre es como… Pensaríamos y desearíamos que hubiera sido como la última gota que derramó el vaso de la de la tolerancia, de la paciencia, de los silencios. Pero, desgraciadamente, territorios como Esmeraldas ya veníamos con casos similares.

 

Desirée: Y pone un ejemplo de enero del año pasado, justo después de que, tras un repunte de la violencia, el gobierno de Noboa declarara el conflicto armado interno. Tres jóvenes que estaban en una tienda fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que iban en una camioneta militar. Los testigos dijeron que quienes los detuvieron lo hicieron con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico. Luego uno apareció muerto en un río, otro sobrevivió y el tercero sigue desaparecido. 

 

Lo que pasó con los cuatro de Guayaquil no fue una situación aislada. Y hay datos que lo confirman. En 2024, después de la declaración de conflicto armado,  se registraron 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, nueve de ellas menores de edad, según un reporte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Las organizaciones de la sociedad civil insisten en que no se puede sacar del análisis el perfilamiento racial y la discriminación a la población afrodescendiente, que es otro elemento común en varias denuncias. 

 

Juana Francis Bone: El perfilamiento racial, desgraciadamente, con el secuestro, tortura y desgraciadamente con el asesinato de los cuatro niños demostró además que, primero, algo que veníamos denunciando las organizaciones sociales, y es que la militarización jamás iba a ser una solución en las condiciones tan profundas de desigualdad que nos encontramos. Segundo, que el caso de los chicos de las Malvinas, representó lo más cruel. Porque la saña con la que se hace y cómo luego se pone un aparataje del Estado para tratar de criminalizar y justificar el horror, creo que también queda en evidencia qué es lo que está pasando en Ecuador.

 

Desirée: Juana ha seguido y conoce de cerca esta historia porque la noche de ese 8 de diciembre estaba en Guayaquil. 

 

Juana Francis Bone: En las Malvinas tenemos una biblioteca, una biblioteca comunitaria. Justo mi compañera es vecina de los chicos. Y nosotras estábamos en Guayaquil porque al día siguiente teníamos un evento, y ahí nos enteramos del caso. Esos chicos fueron aprehendidos por militares en un supuesto operativo y persecución.

 

Desirée: Como les contamos al comienzo, Josué, Ismael, Nehemías y Steven salían de jugar fútbol cuando un grupo de militares los detuvo. Otros muchachos que estaban con ellos y lograron escapar avisaron lo que pasó. Luego, casi a las once de la noche, el papá de dos de los chicos recibió una llamada de un número desconocido. Le habló un hombre y le dijo que estaba con ellos y le pasó a su hijo. Así lo explicó en entrevistas a la prensa local. 

 

Audio de archivo, Luis Arroyo: Y él me manifestó que los militares los habían golpeado, y los habían dejado botado en Taura, desnudos. Que por favor lo vaya a rescatar. Que estaban asustados, desesperados. Yo le dije, “Mijo, pero quién nomás están ahí”. “Está mi hermano Josué, está Nehemías, está Steven y estoy yo. Papá, por favor, venga, venga a rescatarme, que estoy asustado, estoy angustiado”, dice. “Tengo miedo”. 

 

Desirée: Los militares los abandonaron en Taura, que queda a unos 40 kilómetros de donde los retuvieron. Es una zona particularmente peligrosa, controlada por bandas criminales. En el expediente consta que el dueño del celular de donde llamó el muchacho le dijo al papá que tenía máximo una hora para rescatarlos y, cito, “como los niños son negritos y nadie los conoce va a venir la mafia y se los va a llevar”. Le enviaron la ubicación por WhatsApp y él se lo compartió a la Policía. Cuando llegaron al supuesto lugar, no encontraron a nadie. 

 

Después, los padres lograron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde fueron detenidos… Y confirmaron que sí eran militares los que se los llevaron en dos camionetas. 

 

Entonces surge la pregunta, ¿por qué se los llevaron, por qué los abandonaron en una zona peligrosa y qué pasó después? Juana me lo contó. 

 

Juana Bone: Intentaron criminalizar a los niños desde el día uno. Y les dijeron a los papás que los niños estaban robando, pero lo que no sabían ellos es que nosotros ya habíamos visto los videos de cuando se llevaron a los niños, y los niños no estaban robando en ningún momento. Estaban saliendo de las canchas de entrenamiento.

 

Desirée: Hasta ahora los militares implicados alegan que actuaron porque había alerta de un robo, lo que abre otras preguntas. Como dice Juana, en los videos consta que no estaban delinquiendo. Y si ese hubiera sido el caso, al tratarse de menores de edad tenían que ser entregados a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes.

 

Juana Bone: El caso tiene múltiples irregularidades, desde no contar con un parte de detención correcto, la desinformación y el debido proceso, todo violentado desde el tipo de de detención, el no ser entregado a las autoridades competentes. Si eran menores de edad, ni siquiera les pudieron haber tomado versión o algo porque debieron haber estado con un adulto, un abogado, un representante, algo. 

 

Desirée: Nada de eso pasó. Al día siguiente de la detención y sin más novedades de sus hijos, los padres pusieron una denuncia ante la Fiscalía por secuestro. Once días después, y con el apoyo de organizaciones especializadas, se elevó el caso hacia el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Para esto, se consideró que seguían sin noticias de ellos y que las evidencias apuntaban a participación de las fuerzas armadas.

 

Para entenderlo bien, una desaparición forzada es un arresto, detención, secuestro que implica a agentes del Estado y donde no hay respuesta sobre el paradero de los detenidos. Y es que el propio Ministro del Interior, a cargo de las fuerzas armadas, reconoció que sí fueron ellos los que se los llevaron, y no dudó en repetir que lo hicieron porque estaban robando. En su defensa, afirmó que los militares liberaron a los chicos porque, precisamente, eran menores de edad y no había una denuncia formal.

 

Luego de 15 días sin información pública sobre dónde estaban y qué les habían hecho, en una entrevista el presidente Noboa se pronunció e hizo un anuncio. 

 

Audio de archivo, Daniel Noboa: He sugerido a una comisión de que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Esto de acá, no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. 

 

Desirée: Al día siguiente de esta declaración, el 24 de diciembre, en plenas vísperas de Noche Buena, la Policía encontró cuatro cuerpos calcinados en un manglar en Taura. 

Juana Francis Bone: Fueron aprehendidos, fueron torturados, fueron hallados desgraciadamente luego sin vida, donde algunos de los niños les habían cortado sus extremidades. Creo que habían uno o dos niños que les habían cortado las cabezas y sus papás se negaban a reconocerlos.

 

Desirée: Estaban irreconocibles, así que tuvieron que hacer análisis genéticos para confirmar su identidad. Así, el 31 de diciembre la Fiscalía concluyó que los restos sí eran de Josué Arroyo, de 14 años; Ismael Arroyo, de 15 años, Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de apenas 11.

Juana Francis Bone: Cerramos el año y yo siento que lo cerramos con una desesperanza total, porque era el sentir que no teníamos Estado. O sea, fue el cerrar el año mirando: no hay una institucionalidad que acobije o que proteja aquello tan sensible como es la vida, ¿no? 

 

Desirée: Hablé con el abogado de las familias, Abraham Aguirre. Me explicó que 16 militares están en prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Al mismo tiempo se trata de identificar a los responsables directos del asesinato. 

 

Abraham Aguirre: Sobre la muerte, no se deslinda responsabilidad de los militares porque, como le decía a usted, fiscalía inclusive manifestó que no hay elementos para determinar que existió una causa probable para el aislamiento de adolescentes.

 

Desirée: No solo que no había causas para detenerlos, sino que además, al hacerlo, ellos eran los responsables de su seguridad. Pero al exponerlos tan directamente a una situación de riesgo, hay una teoría…  

 

Abraham Aguirre: La muerte está en una investigación previa. Pero podría ser que los militares entregarían de una u otra forma al adolescente y al niño para que estos grupos de delincuencia organizada los ajusticien. 

 

Desirée: Es decir que al abandonar a los chicos en una zona controlada por los criminales, los militares los habrían entregado para que ellos decidan qué hacer. 

 

Abraham: Son cuestiones que se dan a diario en Guayaquil. En sectores de la periferia son cuestiones que se dan a diario. Recordemos que militares y policías no trabajan muy aislados del dominio de las bandas. Hay noticias amplias en donde se establece que policías y militares forman también parte de bandas. 

 

Desirée: Hay muchas dudas que esperan resolver en el proceso y para las que en este momento no tienen respuestas. Pero como me decía Juana, uno de los problemas de fondo es que no se trata de un caso en particular. 

 

Juana Bone: ¿En este gobierno qué somos las vidas negras? Porque esa también sería la pregunta, ¿no? ¿Para el Estado, en estos momentos, qué son las vidas negras? Desgraciadamente, con la aparición de del caso de las Malvinas aparecen más casos.

 

Desirée: Por ejemplo, a inicios de este año, en enero, Miguel Ángel Rodríguez, un adolescente de 14 años, fue asesinado durante un operativo policial y militar en el sur de Guayaquil. Al igual que con los chicos de Las Malvinas, Miguel Ángel era afrodescendiente, jugaba fútbol y vivía en uno de los barrios más empobrecidos de esa ciudad.

 

Juana Francis Bone: Si eres empobrecido, si eres una persona negra, si eres una un cuerpo que además habita la periferia, no eres digno de seguridad, no eres digno del gobierno. Yo no te puedo dar una buena evaluación del Plan Fénix porque desconozco su ejecución y desconozco en qué se ha invertido. Pero, además, de lo que puedo conocer y de lo que te puedo hablar es de que en las comunidades no ha cambiado absolutamente nada, y más bien se ha encrudecido el horror y la violencia.

 

Desirée: Noboa sí resalta logros. Por ejemplo, el año pasado hubo una reducción de más del 17% en homicidios intencionales, en comparación a 2023 que rompió récords de muertes violentas. En 2024 decomisaron casi 250 toneladas de droga y se habla de más de 27 mil operaciones militares. Ante eso, Juana me da ejemplos de lo que viven a diario en las zonas alejadas de las ciudades principales, donde la ausencia estatal se refleja en deserción escolar.

 

Juana Francis Bone: El reclutamiento forzoso para menores de edad en el país ha aumentado. La trata de personas con fines delictivos ha aumentado, es un problema real. La trata de personas con fines de explotación sexual. Yo ya no sé si tenerle miedo al grupo del crimen organizado o al Estado, por las represalias y por las formas de actuar que tiene el Estado en estos momentos. 

 

Desirée: Entonces le pregunté cuáles cree que son los desafíos de quien asuma la presidencia este 2025. 

 

Juana Bone: Mira, el primero es recuperar la confianza. Tener la capacidad de mediar el dolor con la gobernanza, ¿no? Porque no es posible que habitemos con miedo nuestras propios barrios, nuestras propias comunidades. Y cómo recuperamos sentir que habitamos un territorio y que somos parte de esa comunidad es recuperando dignidad también. 

 

Desirée: Y es que en lugares como Las Malvinas, de donde salieron los cuatro de Guayaquil, o Esmeraldas, desde donde Juana nos habla, las cifras de desempleo son las más altas del país. La desigualdad se hace evidente, como ella lo describe. 

 

Juana Bone: Es la cartografía de las desigualdades. Está ahí. O sea, todo. Falta agua, falta vivienda. Falta todo. 

 

Desirée: Paradójicamente esas condiciones de vida los convierten en blanco de las fuerzas del Estado, pero también en carnada de los grupos de delincuencia organizada. 

 

Juana Bone: Si continuamos precarizados, si continuamos con territorios que no tengan acceso a agua potable, acceso a trabajo digno, no tengas acceso a vivienda, a educación de calidad, a transitar, oye, que pareciera que fuera una cosa que ya deberíamos haberla solucionado, pero tener que pensarte en que a partir de las siete de la noche no puedes ingresar a ciertos barrios, no puedes ingresar a comunidades. No es posible que a los niños de la isla Piedad, a los niños de las Malvinas, a los niños de Manabí les llegue primero las balas antes que los libros. No es posible que llegue primero quien los va a captar para para la trata con fines delictivos antes que llegue el Estado. 

 

Silvia: Como respuesta, desde el comienzo de la campaña electoral, Daniel Noboa ha dicho que quiere seguir con el “Plan Fénix”, enfocado en la prevención y respuesta del delito. Después de la pausa analizamos por qué esta política, que tiene carácter reservada, ha sido cuestionada por organismos internacionales. Ya volvemos. 

 

Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo

 

En enero 2024, cuando el gobierno de Noboa declaró el conflicto armado interno, categorizó como terroristas a más de 20 grupos criminales. Su objetivo era enfrentar con mano dura la inseguridad, la crisis carcelaria y el crimen organizado. Pero, varios meses después de su implementación, las preocupaciones sobre su efectividad han traspasado las fronteras.

 

Desirée nos sigue contando.

 

Desirée: Organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y extranjeras coinciden en que, a pesar de los esfuerzos, no se han tomado acciones de fondo capaces de desmantelar las redes del crimen y reducir la violencia. Las políticas se han centrado en tratar de controlar las cárceles con militares, así como las zonas costeras por sus puertos y las fronteras. Como ya habíamos dicho, paralelamente aumentan las denuncias de abusos a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública y la falta de garantías para los civiles. Human Rights Watch ha sido una de las que se ha pronunciado. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de esa organización, me explicó el porqué. 

 

Juanita Goebertus: Ecuador venía de ser un país históricamente muy tranquilo. No había estado en el top de nuestras prioridades. Sin embargo, desde los últimos tres años, empezamos a hacer un trabajo de documentación de graves violaciones a derechos humanos en cárceles. 

 

Desirée: El caos criminal que se agudizó en los últimos cinco años tiene raíces en las redes de delincuencia que se han organizado y crecido dentro de las cárceles. A esto se suman reformas del gobierno que no han funcionado, instituciones cada vez más débiles, y organizaciones criminales que operan de forma transnacional. Esto pareciera ser una fórmula imparable. Por eso desde Human Rights Watch han hecho mucho trabajo de campo para dimensionar lo que sucede. 

 

Juanita Goebertus: Tratando de documentar estos retos en materia de crecimiento del crimen organizado, que sin duda son los primeros responsables de amedrentamiento de la población, de los homicidios, de las extorsiones, de los secuestros. Pero también, tratando de documentar cuál ha sido la respuesta de los distintos gobiernos, para tratar de identificar si ha sido o no efectiva contra el crimen organizado, e insisto, cuáles han sido las consecuencias en materia de derechos humanos.

 

Desirée: La respuesta del actual gobierno de Ecuador, como hemos explicado a lo largo de este episodio, se resume en el Plan Fénix. Según las expertas con las que conversé, solo el círculo presidencial entiende cómo funciona. 

 

Juanita Goebertus: Lo que me encontré fue con un llamado Plan Fénix que nadie realmente conoce. Hemos tenido reuniones con fiscales, con jueces. Y lo que me encontré de manera muy clara es operadores de justicia que nos dicen, nunca hemos visto el Plan Fénix, no ha habido ningún tipo de proceso para articular la capacidad del Estado ecuatoriano, por ejemplo, de luchar contra el lavado de activos, reducir redes de corrupción, identificar redes de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a nivel local. Y, tal vez de lo más grave, no ha habido una inversión en mejoramiento de capacidades de investigación judicial. 

 

Desirée: A finales del año pasado Juanita visitó Ecuador y conversó con personas de distintos sectores que cuestionan el plan. 

 

Juanita Goebertus: Es importante señalarlo, en este contexto electoral que vive el país, es que me sorprendió mucho hablar con personas que fueron perseguidas, hostigadas en su momento bajo el gobierno de Correa, de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil que muy explícitamente me dijeron que se sentían en una situación igual o peor que aquella que enfrentaron bajo el gobierno de Correa. Es decir, aquí no hay una serie de críticas, simplemente con un matiz ideológico. 

 

Desirée: Es que a Noboa también lo acusan de autoritario. La incursión en la embajada de México o presentarse a la reelección sin encargar la presidencia durante toda la campaña electoral son un par de ejemplos. Ahora, la cuestión es que tanto él como Luisa González, su opositora en la papeleta, tienen en la agenda de promesas devolverle la seguridad al país. Lo que ninguno de los dos candidatos ha logrado resolver es cuáles son las herramientas concretas para hacerlo. 

 

Por ejemplo, González ofrece una reestructuración del Estado. Quiere reabrir los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos. Promete depurar la fuerza pública y rescatar el modelo correísta, que gobernó durante 10 años. Y aquí vale la pena mencionar que fue en esa década donde la población carcelaria incrementó y de a poco las prisiones se convirtieron en lo que expertos han descrito como un centro de reclutamiento del Estado para las bandas.

 

Del otro lado, Noboa en su plan de gobierno propone, cito, “diseñar y aplicar políticas públicas de seguridad de acuerdo al escenario actual de riesgo y amenaza”. Promueve crear programas de reinserción social para evitar que quienes salen de la cárcel vuelvan a delinquir. Y dice que quiere reforzar los controles dentro de las cárceles para garantizar el orden y evitar los amotinamientos. También mantiene su idea de levantar dos cárceles de máxima seguridad. De hecho, la primera comenzó a construirse en junio de 2024. 

 

Juanita Goebertus: Muy rápidamente cae en esta, que ya es un discurso regional, de que lo que hay que hacer es militarizar. Yo creo que hace muy mal el Gobierno Noboa en caer en esa narrativa, porque pierde un montón de tiempo, ya un poco más de un año, en haber realmente buscado fortalecer las capacidades de investigación técnica, judicial, para poder desarticular esas redes de crimen organizado. Y hoy, insisto, lo que hay es más violaciones y un control territorial por parte de estas organizaciones que persiste. 

 

Desirée: Juanita publicó un informe donde asegura que la crisis de violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. Y para eso confirma que, en los últimos cinco años, la tasa de homicidios del país ha aumentado un 430%. Grupos de delincuencia organizada extorsionan a barrios enteros, reclutan a niños, asesinan a jueces, fiscales y candidatos políticos, y se infiltran en las instituciones del gobierno.

 

En su reporte detalla que, desde enero de 2024, los fiscales están investigando más de 200 denuncias de abuso de la fuerza durante los operativos, 80 de tortura, 8 de desapariciones forzadas y 15 de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares.

 

Juanita Goebertus: Y lo que viene pasando más recientemente es este fenómeno, digamos, de desaparición forzada exprés, en donde las autoridades toman todas las medidas para evitar que se sepa qué fue lo que pasó. Y luego aparecen los restos en el curso de algunos días, tratando de evitar que exista cualquier tipo de evidencia que pueda incriminarlos. Es un proceso adicional de incubrimiento para tratar de evitar que se pueda hacer justicia que, insisto, constituye a su vez para las víctimas un nuevo proceso de victimización adicional al del asesinato inicial. 

 

Desirée: Como lo que pasó con los cuatro de Guayaquil, a quienes los militares se los llevaron vivos y cuyos restos aparecieron calcinados. 

 

Juanita Goebertus: Bueno, es un caso atroz que yo creo que le ha mostrado a Ecuador y a la región el impacto humano directo de una política de militarización que no está realmente, insisto, dirigida a la judicialización efectiva y al desmonte de redes de crimen organizado, sino que termina atacando a civiles y en este caso a niños. 

 

Desirée: Juanita me explicó las distintas ‘banderas rojas’ de este caso. 

 

Juanita Goebertus: Se hace la detención sin un parte policial. Ya hoy sabemos que hubo incomunicación, que hubo ausencia de información a sus familiares de cuál era su paradero, con lo cual cumple con todos los elementos de una desaparición forzada. Y es además un caso en donde de manera muy clara, el gobierno responde de manera muy rápida a través de su ministro de Defensa en una lógica negacionista de lo que había sucedido. 

 

Desirée: El Gobierno también ha recibido críticas por no estar apoyando a las familias, aunque Noboa había sugerido que declaren a los cuatro chicos héroes nacionales, antes de que se supiera que habían sido asesinados. Los padres y hermanos no han recibido ningún tipo de soporte. 

 

Juanita Goebertus: En lo que hemos podido contrastar, las familias no han recibido de parte del presidente Noboa ni una disculpa, ni una solidaridad, ni ningún tipo de acompañamiento. Y esto se suma, insisto, a un contexto mucho más amplio. Entonces, es un caso trágico por tratarse de niños, por la manera en la cual el gobierno responde de manera exculpatoria y estigmatizadora. Pero creo que es importante recordar que hace parte de un patrón más amplio que estamos viendo de desapariciones y de ejecuciones en el contexto de esta política de militarización bajo el gobierno Noboa. 

 

Desirée: No es lo único. Varias veces los jueces de la Corte Constitucional han declarado inconstitucional el anuncio de “conflicto armado interno” de Noboa porque el gobierno no ha dado pruebas que lo respalden.

 

Juanita Goebertus: Es que no existen los elementos ni se ha presentado la evidencia en Ecuador para considerar que hay un conflicto armado de carácter no internacional. Lo que hay es una violencia muy grave, pero es una violencia del crimen organizado que lo que requiere es una respuesta del Estado como Estado de Derecho en capacidad de judicializar esas estructuras para poder develar, insisto, no solo quiénes son sus líderes, sino también y en particular, romper sus redes de financiación, sus redes de reclutamiento, sus redes de corrupción, sus redes de lavado de activos.

 

Desirée: A Human Rights Watch también le preocupa el lenguaje que el gobierno usa para promocionar sus logros. Por ejemplo, una de las estadísticas que se expone como un saldo positivo es la captura de más de 1300 integrantes de grupos de delincuencia organizada y, cito, que “se han neutralizado a 100 personas mediante el uso legítimo de la fuerza”.

 

Juanita Goebertus: Con un elemento adicional que seguimos investigando y que me preocupa muchísimo, particularmente siendo colombiana, de las autoridades, particularmente desde el Ministerio de Defensa, hablando de 104 delincuentes “neutralizados”. Esto es especialmente preocupante porque es un lenguaje que en países como Colombia ha sido usado para referirse a objetivos militares que han sido dados de baja, matados, en combate. 

 

Desirée: Y las respuestas oficiales son más bien ataques. Desde que llegó al poder, Noboa no ha dudado en descalificar a sus críticos y justificar las medidas porque benefician a la mayoría. Como en este discurso que dio un mes después de la declaratoria del conflicto armado. 

 

Audio de archivo, Daniel Noboa: Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar, como ocurría antes. Aquí me tienen y me tendrán, defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos es protegiendo los derechos de la gran mayoría. 

 

Silvia: Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta Juanita ubica este discurso de Noboa en el mapa de la violencia y el autoritarismo en Latinoamérica. Ya volvemos.

 

Eliezer: Estamos de vuelta en El hilo. Desirée nos sigue contando.

 

Desirée: Le pregunté a Juanita cómo entender este discurso en un contexto más amplio, latinoamericano, y esto fue lo que me dijo. 

 

Juanita Goebertus: Bueno, América Latina tiene las tasas de homicidios más altas de todo el mundo en comparación con los otros continentes. Pero quizás lo que es aún más grave, tiene las tasas más altas de impunidad por homicidios en comparación con todas las otras regiones. Es decir, aquí no solamente nos matamos más, sino que además no sabemos quién mata a quién, ni podemos darle respuesta a las víctimas. Y el caso ecuatoriano, que insisto, es especialmente grave por el proceso muy acelerado de agravación de la situación en un país que era realmente muy pacífico en la región y que, hay que decirlo, no tenía muchas capacidades reales ni de investigación técnica judicial, ni de unas fuerzas de seguridad profesionales y capaces de proteger a la población 

 

Desirée: Y en la actualidad tampoco las tiene, como desde Human Rights Watch se ha podido comprobar. De acuerdo a su reporte, desde 2022, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados. Las cortes y las fiscalías no tienen el personal necesario, en parte por falta de presupuesto. Hay provincias sin recursos para retirar los cadáveres de las escenas del crimen o para hacer análisis de las balas. Varios fiscales y jueces le dijeron a Juanita que no hay suficiente coordinación con la policía y otras instituciones para garantizar las investigaciones sobre los grupos de delincuencia organizada. Ante ese escenario, para ella lo que urge es una reforma a la política de seguridad. 

 

Juanita Goebertus: Que sea al mismo tiempo efectiva contra el crimen organizado y protectora de los derechos humanos. Y la manera de hacer eso, y lo sabemos por las distintas experiencias latinoamericanas, es fortalecer la capacidad de administración de justicia. No es a punta de despliegue de tropas militares, no es a punta de entregar el control de las cárceles a los militares, que hoy ya sabemos que están nuevamente igual de corrompidas que lo que estaban antes, con ingreso de drogas, de armas, etcétera. Es a través de un proceso serio y articulado, transparente, de articulación con la capacidad de judicialización para concentrarse en lo que es verdaderamente importante, que es quitarle el control territorial y poblacional al crimen organizado. 

 

Desirée: Porque como escuchábamos antes, pareciera que la lista de necesidades insatisfechas no termina. 

 

Juanita Goebertus: Hoy, es cierto, hay menos homicidios que en el 2023, pero hay más extorsiones, hay más secuestros y por toda la información de terreno que tenemos hay el mismo control territorial de unos grupos que son quienes deciden quiénes entran y quiénes salen de distintos barrios, cuáles son las actividades económicas, le cobran a los ecuatorianos y ecuatorianas toda suerte de platas para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo sus distintas actividades económicas. 

 

Desirée: Y quizá eso le pasó factura a Noboa en las elecciones de este 2025, ya que no pudo ganar en una sola vuelta, como había anticipado. Los resultados reflejan una polarización que desde hace años mantiene divididos a los ecuatorianos. Noboa obtuvo el 44,17% de votos y Luisa González el 43,97%. Es decir que este domingo cada voto hará la diferencia para poder ganar. 

 

Y finalmente, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos para quién asuma el sillón presidencial? Que puede ser básicamente Daniel Noboa y una continuidad de lo que ya hemos visto, o a su vez regresar al modelo del correísmo que como tú bien lo mencionaste, también era un modelo donde hubo muchas denuncias de violación sistemática a los derechos humanos.

 

Juanita Goebertus: Ojalá que independientemente de quien gane la Presidencia en esta segunda vuelta, haya una conciencia de que la crisis de inseguridad en Ecuador es una crisis profunda y que las respuestas que se vienen dando no han sido efectivas, y además han sido violatorias de derechos humanos. Y que se asuma el cambio de período y el inicio de este periodo formal constitucional como una oportunidad para realmente rebarajar y reestructurar una política de seguridad participativa, transparente. Las políticas de seguridad no tienen por qué ser confidenciales. Que se concentre realmente en la judicialización de los máximos líderes y no en atacar, por ejemplo, como terminó siendo el caso de los cuatro niños de Guayaquil, a quienes de ninguna manera tienen la responsabilidad por el fenómeno violento del crimen organizado. Y reconocer que este es un momento distinto para Ecuador y que requiere de una política de seguridad y justicia verdaderamente respetuosa de derechos humanos, y ojalá estratégica en el desmonte del crimen organizado, que es sin duda hoy una amenaza real para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

Silvia: Las investigaciones por el caso de Los cuatro de Guayaquil avanzan. En el proceso de reconstrucción de los hechos, uno de los militares declaró que uno de los chicos tenía un arma de juguete. Noboa, en una entrevista con la BBC a mediados de marzo defendió las acciones del ejército e insistió en que desde el gobierno se colabora para garantizar justicia en este caso.

 

Eliezer: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y condenó la desaparición, el asesinato y la incineración de los cuerpos. La CIDH insiste en que el Estado debe investigar, juzgar y sancionar lo que pasó, asumiendo cuáles fueron las distintas responsabilidades de la fuerza pública. Además, recomendó que las investigaciones tomen en cuenta la edad de los chicos, su origen étnico-racial, su situación económica y las torturas a las que fueron sometidos. Al final de su comunicado, llamó a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias. 

 

Silvia: Este episodio fue reportado y producido por Desirée Yépez. Lo editamos Eliezer y yo. Bruno Scelza hizo la verificación de datos. El diseño de sonido es de Elías González, con música compuesta por él y Remy Lozano. 

 

El resto del equipo de El hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausícaa Palomeque, Samantha Proaño, Natalia Ramírez, Juan David Naranjo Navarro, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, y Elsa Liliana Ulloa. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki.

 

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Gracias por escuchar. 

Transcript:

* The following English translation was generated with the assistance of artificial intelligence and has been reviewed and edited by our team for accuracy and clarity.

 

Ecuador: A Militarized Country Elects a President

Elías González: This episode contains strong scenes and may not be suitable for all listeners.

Eliezer Budasoff: This Sunday, Ecuador goes to the polls amid an internal armed conflict where one person is killed every hour. And President Daniel Noboa, who has pushed for a controversial hardline policy, is seeking reelection.

Silvia Viñas: The electoral campaign began right after one of the most tragic events in the country’s recent history was reported.

Archive audio, journalist: There’s shock at the national level, but especially in the city of Guayaquil over the disappearance of four minors.

Archive audio, journalist: A military operation was set up near a shopping center in the south of the city. During a procedure that has not yet been clarified, the military reportedly took the four minors to a location an hour from Guayaquil, according to the police investigation.

Eliezer: On the night of December 8 last year, Steven Medina, Nehemías Arboleda, and Josué and Ismael Arroyo, aged between 11 and 15, were detained by 16 soldiers. They were coming from soccer practice.

Archive audio, journalist: The government blamed criminal groups, and although they claimed not to be involved in the events, they formed a disciplinary tribunal to determine responsibilities under military law.

Silvia: Since the first months of his government, the president-candidate, as they call Noboa, ordered the Armed Forces to carry out military operations to, in his words, confront the “crime wave” and neutralize criminal groups. Noboa’s year-and-a-half administration has been tarnished by allegations of human rights violations. And one of the cases that has caused the most shock due to its brutality has been this one, that of the boys detained by the military. In Ecuador, they refer to this case as The Four from Guayaquil, or the Las Malvinas case, after the neighborhood where it all happened.

Archive audio, journalist: It’s one of the most troubled areas in the south of the main port. In the last alley of Las Malvinas, next to the Estero Salado, south of Guayaquil, are the homes of the four minors who have been missing since December 8.

Eliezer: These four friends, in addition to their passion for sports, had in common that they were Afro-Ecuadorian, from impoverished families, and lived on the outskirts of Guayaquil. The city, which is the epicenter of the Ecuadorian economy, is today also one of the most violent in the world.

Silvia: On December 31, it was confirmed that the four boys were tortured, murdered, and incinerated.

Archive audio, host: In Ecuador, the Prosecutor’s Office confirmed that charred bodies found last week correspond to the four minors who disappeared on December 8 in southern Guayaquil. Meanwhile, 16 soldiers from the Ecuadorian Air Force were sent to preventive detention, investigated for the alleged forced disappearance of the minors.

Silvia: Welcome to El hilo, a podcast from Radio Ambulante Studios. I’m Silvia Viñas.

Eliezer: And I’m Eliezer Budasoff.

Today, what the case of the four from Guayaquil tells us about the hardline policy in Ecuador. And what security and human rights challenges will face whoever wins the presidential election.

It’s April 11, 2025.

Silvia: This Tuesday, April 8, marked four months since the forced disappearance of The 4 from Guayaquil. This period has been marked, on one hand, by their families’ search for justice and an end to impunity. And, on the other, by the campaign promises of the presidential candidates who will be voted on this Sunday.

Our producer Desirée Yépez explains how the debate around human rights has gained prominence in this electoral process.

Desirée Yépez: First, we need context. Daily life in Ecuador is marked by organized crime, drug trafficking, mafias, and deaths that number in the thousands. This wasn’t always the case, and as an Ecuadorian, I can say that the data is chilling.

For example, the 2023 homicide rate in this country of almost 18 million inhabitants surpassed that of historically violent places like Honduras, Mexico, and Colombia.

At the end of that year, Daniel Noboa unexpectedly assumed the presidency after then-President Guillermo Lasso called for early elections. We’ve explained this in previous episodes, but let’s remember that Noboa, a businessman with little political experience, won popular support with a discourse of tough measures and militarization to fulfill a term of a year and a half.

In 2025, Noboa is a presidential candidate while still governing and is competing against Luisa González who, for the second time, will try to defeat him. She represents the party of former president Rafael Correa.

One of the main achievements that the government attributes to itself is the effectiveness of the Phoenix Plan, a security strategy about which there is no public information. And they assure that it has been key to restoring calm to Ecuadorians.

Juana Francis Bone: This militarization was achieved. Okay, we are militarized. But what we’ve had with the militarization is like the staging of all the cruelty and horror that we shouldn’t be seeing. And it also raises many questions for us: Who is worthy of security? Which bodies deserve to be safe in the Ecuadorian state? Who does the state answer to? To which citizen, right?

Desirée: She is Juana Francis Bone, from the organization Mujeres de Asfalto (Women of Asphalt). They work on human rights issues with women and children. I wanted to talk to her because she also lives in Esmeraldas, on the northern coast of Ecuador. This is one of the most impoverished and violent areas of the country. 70% of the Afro-Ecuadorian population lives there.

From her experience as a researcher and activist, Juana has seen how the security project that governs the country has transformed into a threat for racialized, impoverished people who live in the peripheries, precisely like Steven Medina, Nehemías Arboleda, and the brothers Josué and Ismael Arroyo.

Juana Francis Bone: What happened in December is like… We would think and wish that it had been like the last straw that broke the camel’s back of tolerance, patience, silences. But, unfortunately, territories like Esmeraldas were already experiencing similar cases.

Desirée: And she gives an example from last January, right after, following a spike in violence, Noboa’s government declared an internal armed conflict. Three young men who were in a store were kidnapped by a group of armed men who were in a military truck. Witnesses said that those who detained them did so on the pretext of combating terrorism and drug trafficking. Later, one appeared dead in a river, another survived, and the third is still missing.

What happened with the four from Guayaquil was not an isolated situation. And there is data to confirm it. In 2024, after the declaration of armed conflict, 27 people were reported as victims of forced disappearances, nine of them minors, according to a report by the Permanent Committee for the Defense of Human Rights. Civil society organizations insist that racial profiling and discrimination against the Afro-descendant population, which is another common element in several complaints, cannot be excluded from the analysis.

Juana Francis Bone: Racial profiling, unfortunately, with the kidnapping, torture, and regrettably with the murder of the four children, also demonstrated, first, something that social organizations had been denouncing, which is that militarization would never be a solution in the conditions of such profound inequality that we find ourselves in. Second, that the case of the boys from Las Malvinas represented the most cruel. Because the viciousness with which it is done and how then a state apparatus is put in place to try to criminalize and justify the horror, I think it also becomes evident what is happening in Ecuador.

Desirée: Juana has followed and is closely familiar with this story because she was in Guayaquil the night of December 8.

Juana Francis Bone: In Las Malvinas we have a library, a community library. My colleague is a neighbor of the boys. And we were in Guayaquil because the next day we had an event, and that’s where we found out about the case. Those boys were apprehended by soldiers in a supposed operation and pursuit.

Desirée: As we told you at the beginning, Josué, Ismael, Nehemías, and Steven were coming from playing soccer when a group of soldiers detained them. Other boys who were with them and managed to escape reported what happened. Then, almost at eleven at night, the father of two of the boys received a call from an unknown number. A man spoke to him and told him that he was with them and put his son on the phone. This is how he explained it in interviews with the local press.

Archive audio, Luis Arroyo: And he told me that the soldiers had beaten them, and had dumped them in Taura, naked. That please come and rescue him. That they were scared, desperate. I said to him, “Son, but who all is there?” “My brother Josué is here, Nehemías is here, Steven is here, and I am. Dad, please, come, come rescue me, I’m scared, I’m distressed,” he says. “I’m afraid.”

Desirée: The soldiers abandoned them in Taura, which is about 40 kilometers from where they had detained them. It’s a particularly dangerous area, controlled by criminal gangs. The record states that the owner of the cell phone from which the boy called told the father that he had a maximum of one hour to rescue them and, I quote, “since the children are black and nobody knows them, the mafia is going to come and take them away.” They sent the location via WhatsApp and he shared it with the Police. When they arrived at the supposed location, they found no one.

Later, the parents managed to access the security camera footage from the area where they were detained… And confirmed that it was indeed soldiers who took them away in two trucks.

Then the question arises, why did they take them, why did they abandon them in a dangerous area, and what happened next? Juana told me.

Juana Bone: They tried to criminalize the children from day one. And they told the parents that the children were stealing, but what they didn’t know is that we had already seen the videos of when they took the children, and the children weren’t stealing at any point. They were leaving the training fields.

Desirée: Until now, the implicated soldiers claim that they acted because there was a theft alert, which opens up other questions. As Juana says, the videos show that they were not committing a crime. And if that had been the case, since they were minors, they should have been handed over to the National Police Directorate Specialized for Children and Adolescents.

Juana Bone: The case has multiple irregularities, from not having a correct detention report, misinformation, and due process, all violated from the type of detention, not being handed over to the competent authorities. If they were minors, they couldn’t even have taken a statement or anything because they should have been with an adult, a lawyer, a representative, something.

Desirée: None of that happened. The day after the detention and without further news of their children, the parents filed a complaint with the Prosecutor’s Office for kidnapping. Eleven days later, and with the support of specialized organizations, the case was elevated to the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. For this, it was considered that they still had no news of them and that the evidence pointed to the involvement of the armed forces.

To understand it well, a forced disappearance is an arrest, detention, kidnapping that involves state agents and where there is no response about the whereabouts of the detainees. The Interior Minister himself, in charge of the armed forces, acknowledged that it was indeed they who took them, and did not hesitate to repeat that they did so because they were stealing. In his defense, he stated that the soldiers released the boys because, precisely, they were minors and there was no formal complaint.

After 15 days without public information about where they were and what had been done to them, in an interview President Noboa spoke out and made an announcement.

Archive audio, Daniel Noboa: I have suggested to a commission that the four boys be considered as national heroes as well and that the situation be analyzed. This here, we cannot fall into the provocations at this moment from the opposition that wants to treat it as if it were a state crime.

Desirée: The day after this statement, on December 24, on Christmas Eve, the Police found four charred bodies in a mangrove swamp in Taura.

Juana Francis Bone: They were apprehended, they were tortured, they were found unfortunately later without life, where some of the children had their extremities cut off. I think there were one or two children whose heads had been cut off and their parents refused to recognize them.

Desirée: They were unrecognizable, so genetic analysis had to be done to confirm their identity. Thus, on December 31, the Prosecutor’s Office concluded that the remains were indeed those of Josué Arroyo, 14 years old; Ismael Arroyo, 15 years old, Nehemías Arboleda, 15 years old, and Steven Medina, just 11.

Juana Francis Bone: We closed the year and I feel that we closed it with total hopelessness, because it was the feeling that we didn’t have a state. I mean, it was closing the year looking at: there is no institutionality that shelters or protects something as sensitive as life, right?

Desirée: I spoke with the families’ lawyer, Abraham Aguirre. He explained to me that 16 soldiers are in preventive detention for the crime of forced disappearance. At the same time, efforts are being made to identify those directly responsible for the murder.

Abraham Aguirre: Regarding the death, the soldiers’ responsibility is not detached because, as I was telling you, the prosecutor’s office even stated that there are no elements to determine that there was a probable cause for the isolation of adolescents.

Desirée: Not only was there no cause to detain them, but also, by doing so, they were responsible for their safety. But by exposing them so directly to a risk situation, there’s a theory…

Abraham Aguirre: The death is in a prior investigation. But it could be that the military would in one way or another hand over the adolescent and the child so that these organized crime groups could execute them.

Desirée: That is, by abandoning the boys in an area controlled by criminals, the soldiers would have handed them over for them to decide what to do.

Abraham: These are things that happen daily in Guayaquil. In peripheral sectors, these are things that happen daily. Let’s remember that soldiers and police don’t work very isolated from the domain of the gangs. There’s extensive news where it’s established that police and soldiers are also part of gangs.

Desirée: There are many doubts that they hope to resolve in the process and for which at this moment they don’t have answers. But as Juana was telling me, one of the underlying problems is that it’s not a particular case.

Juana Bone: In this government, what are black lives? Because that would also be the question, right? For the state, at this moment, what are black lives? Unfortunately, with the appearance of the Las Malvinas case, more cases appear.

Desirée: For example, at the beginning of this year, in January, Miguel Ángel Rodríguez, a 14-year-old teenager, was killed during a police and military operation in southern Guayaquil. Like the boys from Las Malvinas, Miguel Ángel was of African descent, played soccer, and lived in one of the most impoverished neighborhoods of that city.

Juana Francis Bone: If you’re impoverished, if you’re a black person, if you’re a body that also inhabits the periphery, you’re not worthy of security, you’re not worthy of the government. I can’t give you a good evaluation of the Phoenix Plan because I don’t know its execution and I don’t know what has been invested in. But, furthermore, from what I can know and what I can tell you is that in the communities absolutely nothing has changed, and rather the horror and violence have become more severe.

Desirée: Noboa does highlight achievements. For example, last year there was a reduction of more than 17% in intentional homicides, compared to 2023, which broke records for violent deaths. In 2024, they seized almost 250 tons of drugs and there’s talk of more than 27,000 military operations. In response to this, Juana gives me examples of what they experience daily in areas far from the main cities, where state absence is reflected in school dropout.

Juana Francis Bone: Forced recruitment of minors in the country has increased. Human trafficking for criminal purposes has increased, it’s a real problem. Human trafficking for purposes of sexual exploitation. I no longer know whether to be afraid of the organized crime group or the state, because of the reprisals and the ways the state acts at these moments.

Desirée: So I asked her what she thinks are the challenges for whoever assumes the presidency in 2025.

Juana Bone: Look, the first is to regain trust. Having the ability to mediate pain with governance, right? Because it’s not possible that we inhabit our own neighborhoods, our own communities with fear. And how we recover feeling that we inhabit a territory and that we are part of that community is also by recovering dignity.

Desirée: And it’s that in places like Las Malvinas, where the four from Guayaquil came from, or Esmeraldas, from where Juana speaks to us, the unemployment figures are the highest in the country. Inequality becomes evident, as she describes it.

Juana Bone: It’s the cartography of inequalities. It’s there. I mean, everything. Water is lacking, housing is lacking. Everything is lacking.

Desirée: Paradoxically, these living conditions make them targets of state forces, but also bait for organized crime groups.

Juana Bone: If we continue to be precarious, if we continue with territories that don’t have access to drinking water, access to decent work, don’t have access to housing, to quality education, to transit, hey, which would seem to be something that we should have already solved, but having to think that after seven at night you can’t enter certain neighborhoods, you can’t enter communities. It’s not possible that for the children of Piedad Island, the children of Las Malvinas, the children of Manabí, bullets arrive before books. It’s not possible that whoever is going to recruit them for trafficking for criminal purposes arrives before the state.

Silvia: In response, since the beginning of the electoral campaign, Daniel Noboa has said that he wants to continue with the “Phoenix Plan,” focused on crime prevention and response. After the break, we analyze why this policy, which has a confidential nature, has been questioned by international organizations. We’ll be right back.

Eliezer: We’re back at El hilo.

In January 2024, when Noboa’s government declared the internal armed conflict, it categorized more than 20 criminal groups as terrorists. Its objective was to confront with a firm hand insecurity, the prison crisis, and organized crime. But, several months after its implementation, concerns about its effectiveness have crossed borders.

Desirée continues to tell us.

Desirée: Ecuadorian and foreign human rights organizations agree that, despite efforts, no substantive actions have been taken capable of dismantling criminal networks and reducing violence. Policies have focused on trying to control prisons with the military, as well as coastal areas for their ports and borders. As we had already said, in parallel, complaints of human rights abuses due to excessive use of public force and lack of guarantees for civilians are increasing. Human Rights Watch has been one of those that has spoken out. Juanita Goebertus, director of the Americas Division of that organization, explained to me why.

Juanita Goebertus: Ecuador had been a historically very peaceful country. It hadn’t been at the top of our priorities. However, for the last three years, we started doing documentation work on serious human rights violations in prisons.

Desirée: The criminal chaos that has worsened in the last five years has its roots in crime networks that have organized and grown within the prisons. Added to this are government reforms that haven’t worked, increasingly weak institutions, and criminal organizations that operate transnationally. This seems to be an unstoppable formula. That’s why Human Rights Watch has done a lot of fieldwork to dimension what’s happening.

Juanita Goebertus: Trying to document these challenges in terms of the growth of organized crime, which are undoubtedly the primary responsible for intimidation of the population, homicides, extortions, kidnappings. But also, trying to document what has been the response of the different governments, to try to identify whether it has been effective or not against organized crime, and I insist, what have been the consequences in terms of human rights.

Desirée: The response of Ecuador’s current government, as we have explained throughout this episode, is summarized in the Phoenix Plan. According to the experts with whom I spoke, only the presidential circle understands how it works.

Juanita Goebertus: What I found was a so-called Phoenix Plan that nobody really knows. We’ve had meetings with prosecutors, with judges. And what I found very clearly is justice operators who tell us, we’ve never seen the Phoenix Plan, there hasn’t been any kind of process to articulate the Ecuadorian state’s capacity, for example, to fight against money laundering, reduce corruption networks, identify networks for recruiting children and adolescents at the local level. And, perhaps most seriously, there hasn’t been an investment in improving judicial investigation capabilities.

Desirée: At the end of last year, Juanita visited Ecuador and spoke with people from different sectors who question the plan.

Juanita Goebertus: It’s important to point it out, in this electoral context that the country is experiencing, that I was very surprised to talk with people who were persecuted, harassed at the time under Correa’s government, from media outlets, from civil society organizations who very explicitly told me that they felt in a situation equal to or worse than the one they faced under Correa’s government. That is, here there isn’t a series of criticisms simply with an ideological nuance.

Desirée: It’s that Noboa is also accused of being authoritarian. The incursion into the Mexican embassy or running for reelection without delegating the presidency during the entire electoral campaign are a couple of examples. Now, the issue is that both he and Luisa González, his opponent on the ballot, have on their agenda of promises to restore security to the country. What neither of the two candidates has managed to resolve is what the concrete tools are to do so.

For example, González offers a restructuring of the state. She wants to reopen the ministries of Security, Justice, and Human Rights. She promises to purge the public force and rescue the Correista model, which governed for 10 years. And here it’s worth mentioning that it was in that decade where the prison population increased and gradually the prisons became what experts have described as a state recruitment center for gangs.

On the other side, Noboa in his government plan proposes, I quote, “to design and apply public security policies according to the current scenario of risk and threat.” He promotes creating social reintegration programs to prevent those who leave prison from reoffending. And he says he wants to reinforce controls inside prisons to guarantee order and prevent riots. He also maintains his idea of building two maximum security prisons. In fact, the first began construction in June 2024.

Juanita Goebertus: Very quickly falls into this, which is already a regional discourse, that what needs to be done is to militarize. I think the Noboa Government does very poorly in falling into that narrative, because it loses a lot of time, already a bit more than a year, in having really sought to strengthen the capabilities of technical, judicial investigation, to be able to dismantle these organized crime networks. And today, I insist, what there is is more violations and a territorial control by these organizations that persists.

Desirée: Juanita published a report where she assures that the violence crisis in Ecuador has reached alarming levels. And for that, she confirms that, in the last five years, the country’s homicide rate has increased by 430%. Organized crime groups extort entire neighborhoods, recruit children, murder judges, prosecutors, and political candidates, and infiltrate government institutions.

In her report, she details that, since January 2024, prosecutors are investigating more than 200 complaints of abuse of force during operations, 80 of torture, 8 of forced disappearances, and 15 of extrajudicial executions by police and military.

Juanita Goebertus: And what has been happening more recently is this phenomenon, let’s say, of express forced disappearance, where the authorities take all measures to prevent what happened from being known. And then the remains appear in the course of a few days, trying to avoid any type of evidence that could incriminate them. It’s an additional process of cover-up to try to prevent justice from being done which, I insist, constitutes in turn for the victims a new process of victimization additional to the initial murder.

Desirée: Like what happened with the four from Guayaquil, whom the military took alive and whose remains appeared incinerated.

Juanita Goebertus: Well, it’s an atrocious case that I think has shown Ecuador and the region the direct human impact of a militarization policy that isn’t really, I insist, aimed at effective prosecution and dismantling of organized crime networks, but ends up attacking civilians and in this case children.

Desirée: Juanita explained to me the different ‘red flags’ of this case.

Juanita Goebertus: The detention is made without a police report. We now know that there was incommunication, that there was an absence of information to their relatives about their whereabouts, which means it meets all the elements of a forced disappearance. And it’s also a case where very clearly, the government responds very quickly through its Defense Minister in a denialist logic of what had happened.

Desirée: The Government has also received criticism for not supporting the families, although Noboa had suggested that the four boys be declared national heroes, before it was known that they had been murdered. The parents and siblings have not received any kind of support.

Juanita Goebertus: In what we have been able to contrast, the families have not received from President Noboa either an apology, or solidarity, or any kind of accompaniment. And this adds, I insist, to a much broader context. So, it’s a tragic case because it involves children, because of the way in which the government responds in an exculpatory and stigmatizing manner. But I think it’s important to remember that it’s part of a broader pattern that we’re seeing of disappearances and executions in the context of this militarization policy under the Noboa government.

Desirée: It’s not the only thing. Several times the judges of the Constitutional Court have declared Noboa’s announcement of an “internal armed conflict” unconstitutional because the government has not provided evidence to support it.

Juanita Goebertus: There are no elements nor has evidence been presented in Ecuador to consider that there is a non-international armed conflict. What there is is a very serious violence, but it’s a violence of organized crime that requires a response from the state as a rule of law capable of prosecuting those structures to be able to unveil, I insist, not only who their leaders are, but also and in particular, to break their financing networks, their recruitment networks, their corruption networks, their money laundering networks.

Desirée: Human Rights Watch is also concerned about the language that the government uses to promote its achievements. For example, one of the statistics that is exposed as a positive balance is the capture of more than 1300 members of organized crime groups and, I quote, that “100 people have been neutralized through the legitimate use of force.”

Juanita Goebertus: With an additional element that we continue to investigate and that worries me a lot, particularly being Colombian, of the authorities, particularly from the Ministry of Defense, talking about 104 “neutralized” criminals. This is especially concerning because it’s a language that in countries like Colombia has been used to refer to military targets that have been taken down, killed, in combat.

Desirée: And the official responses are rather attacks. Since coming to power, Noboa has not hesitated to disqualify his critics and justify the measures because they benefit the majority. As in this speech he gave a month after the declaration of armed conflict.

Archive audio, Daniel Noboa: We are carrying forward one of the toughest battles in our history, but the terrorists have encountered a government that is not willing to yield, as happened before. Here I am and here I will be, also defending the integrity and honor of the Armed Forces and the Police. And let no unpatriotic person come and tell us that we are violating anyone’s rights, when we are protecting the rights of the vast majority.

Silvia: We’re going to take a break, and when we return Juanita places this discourse of Noboa on the map of violence and authoritarianism in Latin America. We’ll be right back.

Eliezer: We’re back at El hilo. Desirée continues to tell us.

Desirée: I asked Juanita how to understand this discourse in a broader, Latin American context, and this is what she told me.

Juanita Goebertus: Well, Latin America has the highest homicide rates in the world compared to other continents. But perhaps what is even more serious, it has the highest rates of impunity for homicides compared to all other regions. That is, here not only do we kill each other more, but we also don’t know who kills whom, nor can we give a response to the victims. And the Ecuadorian case, which I insist, is especially serious due to the very accelerated process of aggravation of the situation in a country that was really very peaceful in the region and that, it must be said, did not have many real capabilities either of technical judicial investigation, or of professional security forces capable of protecting the population.

Desirée: And currently it doesn’t have them either, as Human Rights Watch has been able to verify. According to their report, since 2022, at least 15 judges and prosecutors have been murdered. Courts and prosecutor’s offices don’t have the necessary personnel, partly due to lack of budget. There are provinces without resources to remove corpses from crime scenes or to analyze bullets. Several prosecutors and judges told Juanita that there isn’t enough coordination with the police and other institutions to guarantee investigations into organized crime groups. Given this scenario, for her what’s urgent is a reform of security policy.

Juanita Goebertus: That is at the same time effective against organized crime and protective of human rights. And the way to do that, and we know it from the various Latin American experiences, is to strengthen the capacity of the administration of justice. It’s not by deploying military troops, it’s not by handing over control of prisons to the military, which today we already know are again just as corrupted as they were before, with the entry of drugs, weapons, etcetera. It’s through a serious and articulated, transparent process of articulation with the capacity of prosecution to focus on what is truly important, which is to take away territorial and population control from organized crime.

Desirée: Because as we heard before, it seems that the list of unsatisfied needs never ends.

Juanita Goebertus: Today, it’s true, there are fewer homicides than in 2023, but there are more extortions, there are more kidnappings, and from all the ground information we have, there is the same territorial control of groups that decide who enters and who leaves different neighborhoods, what are the economic activities, they charge Ecuadorians all sorts of money to be able to survive, to be able to carry out their different economic activities.

Desirée: And perhaps that took its toll on Noboa in the 2025 elections, since he couldn’t win in a single round, as he had anticipated. The results reflect a polarization that for years has kept Ecuadorians divided. Noboa obtained 44.17% of votes and Luisa González 43.97%. That means this Sunday every vote will make a difference to be able to win.

And finally, what do you think are the main challenges for whoever takes the presidential seat? Which could basically be Daniel Noboa and a continuity of what we’ve already seen, or in turn, return to the model of Correismo which, as you mentioned, was also a model where there were many complaints of systematic human rights violations.

Juanita Goebertus: Hopefully, regardless of who wins the Presidency in this second round, there will be an awareness that the security crisis in Ecuador is a profound crisis and that the responses that have been given have not been effective, and furthermore have been violating human rights. And that the change of period and the beginning of this formal constitutional period be assumed as an opportunity to really reshuffle and restructure a participatory, transparent security policy. Security policies don’t have to be confidential. That really focuses on the prosecution of the maximum leaders and not on attacking, for example, as ended up being the case of the four children from Guayaquil, those who in no way have responsibility for the violent phenomenon of organized crime. And to recognize that this is a different moment for Ecuador and that it requires a security and justice policy that is truly respectful of human rights, and hopefully strategic in dismantling organized crime, which is undoubtedly today a real threat to all Ecuadorians.

Silvia: The investigations into the case of The four from Guayaquil are progressing. Noboa, in an interview with the BBC in mid-March, defended the army’s actions and insisted that the government is collaborating to ensure justice in this case. According to the autopsy, the four boys were killed with a shot to the head.

Eliezer: The Inter-American Commission on Human Rights spoke out and condemned the disappearance, murder, and incineration of the bodies. The IACHR insists that the State must investigate, judge, and punish what happened, assuming what were the different responsibilities of the public force. In addition, it recommended that the investigations take into account the age of the boys, their ethno-racial origin, their economic situation, and the tortures to which they were subjected. At the end of its statement, it called on Ecuador to guarantee the safety of the families.

Silvia: This episode was reported and produced by Desirée Yépez. Eliezer and I edited it. Bruno Scelza did the fact-checking. Sound design is by Elías González, with music composed by him and Remy Lozano.

The rest of the El hilo team includes Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausícaa Palomeque, Samantha Proaño, Natalia Ramírez, Juan David Naranjo Navarro, Paola Alean, Camilo Jiménez Santofimio, and Elsa Liliana Ulloa. Daniel Alarcón is our editorial director. Carolina Guerrero is the CEO of Radio Ambulante Studios. Our theme music was composed by Pauchi Sasaki.

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